Joan Pla

En noviembre de 2006 se dio bombo y platillos a la conversación telefónica entre el gobernante balear Rodríguez Barberá y el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo. Era lunes y la cosa sucedió unas horas antes de que Hidalgo protagonizase, esposado como un malhechor común, el show de su detención, más repetido en las televisiones locales y nacionales que el de la ejecución de Sadam Hussein. Apenas mes y medio después, muchos comentaristas se han guardado los platillos y el bombo y han silenciado la noticia del juez Álvaro Latorre que dice claramente que en los 562 pinchazos que se practicaron en el teléfono de Rodríguez, a instancias del Fiscal anticorrupción Juan Carrau, no se han encontrado indicios de delito ni nada relevante concerniente al caso de corrupción que todavía está sub iudice. No acabo de entender la bondad jurídica ni la legalidad constitucional del espionaje telefónico, aunque se pinchen los teléfonos de los verdaderos y conocidos corruptos de esta Comunidad, cuyos nombres y apellidos todo el mundo cree conocer. Más que la corrupción, lo que se está cargando Carrau es el negocio de la telefonía móvil, dicho sea con humor y sin rodeos.