CARRETERAS / Estarás advierte que Baleares «recupera los 333 millones de euros de los convenios» y ha pedido al presidente del Govern, Francesc Antich, «que defienda con uñas y dientes ese dinero en la comisión bilateral»
El PP aplaude la sentencia de la Audiencia y denuncia el «sectarismo» de ZP hacia las islas

RICARDO FERNÁNDEZ

EIVISSA/PALMA.- El Partido Popular recibió ayer con los brazos abiertos la sentencia de la Audiencia Nacional que ha estimado parcialmente un recurso presentado por el anterior Govern, en julio de 2005, sobre los convenios de carreteras.

«Ya advertimos que era un atropello que anularan un convenio aprobado por otro gobierno (el del popular José María Aznar)», recordó ayer el diputado ibicenco en el Congreso, Enrique Fajarnés. La sentencia, hecha pública el pasado martes, considera no válida la orden emitida en marzo de 2005 por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que resolvía unilateralmente los convenios de carreteras suscritos en 1998 y 2004, entre el Govern y el Gobierno estatal, e insta a ambas partes a discutir sus diferencias en la comisión bilateral mixta que contemplan dichos acuerdos. El diputado recuerda el momento en el que ante toda la Cámara, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunciaba la ruptura del convenio de carreteras. «Fue una maniobra incomprensible», del Gobierno de Zapatero. Para Enrique Fajarnés el hecho de que los tribunales hayan dado la razón al PP «evidencia el sectarismo de la ministra de Fomento a la hora de tomar decisiones con la intención de perjudicar directamente a las islas». Ahora mismo la única solución que le queda al Govern balear, además de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, sería volver a negociar el convenio de Carreteras.

«Era precisamente Álvarez la que durante el Gobierno del PP en las islas tenía que haber instado al Govern balear a negociar», sentenció un Fajarnés que todavía espera «a que la ministra dé explicaciones de una vez por todas sobre el hundimiento del buque ‘Don Pedro’». Por su parte, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, señaló que «los Juzgados han puesto en su sitio al Gobierno de Zapatero». Para Estaràs la Audiencia Nacional ha considerado que «la ministra (de Fomento, Magdalena Álvarez) no actuó correctamente al resolver unilateralmente unos convenios que estaban en vigor». Estarás ha interpretado que, según dicha sentencia, la comunidad autónoma «recupera los 333 millones de euros de los convenios» y ha pedido al presidente del Govern, Francesc Antich, y al conseller de Obras Públicas y Vivienda, Jaume Carbonero, «que defiendan con uñas y dientes ese dinero en la comisión bilateral».

La líder del PP ha reclamado al Govern «que defienda los intereses de los ciudadanos aunque suponga tener que decirle a una ministra que su actitud ha sido prepotente, irresponsable y desleal hacia Baleares». Estaràs ha añadido que los Consells insulares «deberán eliminar» del tercer convenio firmado con el Ministerio de Fomento «la cláusula que decía que se eliminarán los dos convenios anteriores, porque están en vigor según la sentencia de la Audiencia Nacional». La ex consellera de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, Mabel Cabrer, ha asegurado que la sentencia de la Audiencia Nacional «declara que quien ha incumplido el convenio es el Ministerio de Fomento y no acoge ninguna de las argumentaciones que dio en su momento para resolverlo unilateralmente». Las cantidades «a reclamar son los 92 millones del convenio de 1998 y 241 del de 2004», según ha detallado la ex consellera. El convenio de 2004 recogía también «por primera vez explícitamente las encomiendas de gestión», de obras como el desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa.