PALMA.- Ayer era el turno de los otros candidatos. Los empresarios de CAEB recibieron ayer al portavoz de UPyD, Gonzalo Lozano, así como a José Manuel Gómez y Miquel Rosselló, en representación de Esquerra Unida/Els Verds, para conocer sus propuestas económicas de cara a las elecciones del 9M.
El portavoz del partido de Rosa Díez prometió la congelación del IRPF y la supresión del impuesto municipal de plusvalías, además de una flexibilización del mercado de trabajo. En cambio, desde EU/EV, Rosselló abogó por la implantación de un impuesto a las grandes fortunas y por una reforma del IRPF para incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas.
Pero el encuentro también permitió constatar la fisuras en el seno del Govern hexapartito. Después de que Unió Mallorquina haya anunciado que votará en contra de la Ley de Vivienda elaborada por el conseller Jaume Carbonero, los representantes de Esquerra Unida/Els Verds también expresaron ayer sus discrepancias con el proyecto de Ley.
El candidato al Senado, José Manuel Gómez, apostó por aprobar esta legislatura «una auténtica Ley de Vivienda de Baleares, y no lo que está tramitando en estos momentos el Parlament», puntualizó en alusión al texto elaborado por el conseller Carbonero. Y, con carácter general, dijo que no puede continuar la actual proliferación de «usos comerciales y residenciales en suelo rústico, ni con la declaración de servicio público» que otorga el Consell para casos puntuales.
Por su parte, el coordinador de Esquerra Unida, Miquel Rosselló, consideró que en Baleares «no podemos permitirnos seguir creciendo en suelo rústico». La principal novedad de la Ley Carbonero es precisamente que permitirá construir bloques de pisos en determinados suelos rústicos de transición, con el doble de altura y edificabilidad que en el suelo urbano ordinario, con la condición de que la mitad de las casas sean de protección oficial.
Durante su cita con los empresarios de CAEB, Rosselló destacó que su coalición pretende incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes con más recursos, creando incluso un impuesto específico sobre las grandes fortunas, así como subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros y ceder a las Comunidades autónomas las competencias de inspección de trabajo.
Por su parte, el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Gonzalo Lozano, navegó en dirección contraria. Prometió una reducción o incluso la supresión del impuesto de plusvalías, así como una mayor liberalización del suelo y la rebaja del IRPF hasta el nivel impositivo que se aplicaba en 2004.
Ante el actual panorama de desaceleración económica, la receta de UPyD pasa por contener el gasto público y rebajar impuestos, explicó Lozano, quien acudió acompañado por la número 1 al Congreso por Baleares, María Fiol. También se mostró partidario de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (por considerar que en la actualidad no resulta atractiva para el alquiler de viviendas) y de flexibilizar el mercado de trabajo con medidas que faciliten la movilidad geográfica y la promoción profesional. En materia de energía, juzgó necesario levantar la actual moratoria nuclear.
