En líneas generales, la institución insular ha cedido a Mac Insular S.L. la concesión en exclusiva durante 25 años del tratamiento de los escombros de Mallorca, una situación que ha permitido a esta empresa hacerse con el monopolio del servicio. A día de hoy, ninguna constructora ni particular puede llevar a cabo una obra sin pagar antes una tarifa a Mac Insular. Y no cualquier tarifa: las tasas se han incrementado en un 81% en tan sólo tres años, unos aumentos muy por encima de los de otras comunidades autónomas y que han sido tolerados por la institución insular.
Pues bien, ahora la máxima instancia del Gobierno dedicada a asuntos de libre competencia constata que el contrato de Mac Insular «podría ser considerado como una actuación contraria a los principios más elementales que inspiran las normas en materia de competencia». La sentencia de la dirección general recuerda en este sentido que el acuerdo firmado entre la concesionaria y el Consell «concede la gestión a una empresa en exclusiva por 25 años, lo que ha permitido aumentar las tarifas un 81% en tres años».
Sin embargo, más allá de todas estas consideraciones, la sentencia sostiene que el contrato «cumple la norma vigente» y por lo tanto concluye que no se puede tomar ninguna medida legal contra Mac Insular y el Consell de Mallorca con el objetivo de anular el régimen de monopolio actual.
A la hora de considerar que la concesión de la gestión de los escombros de Mallorca podría contravenir la legislación en materia de competencia, el informe de la dirección general iguala la situación legal de Mac Insular con la de la compañía Excursiones puerto de Sóller. En este último caso, la sentencia recuerda que «una institución instala a un empresario en el mercado, que queda cerrado a la competencia» y «reduce los incentivos de la competencia».
Cuando se produce la renovación de la concesión, prosigue, se convierte «por completo el mercado en privativo del concesionario».
Por el momento, el Consell no ha renovado el contrato de Mac Insular –aún le quedan 23 años de explotación del servicio–, pero sí lo ha hecho con el de su empresa madre, Tirme S.A., que tiene concedido en exclusiva otro servicio: el del tratamiento de la basura. Concretamente, durante la pasada legislatura, el Consell modificó el contrato para prorrogar en 16 años más la concesión, de modo que Tirme pudiera hacerse cargo de la ampliación de la incineradora –y hacer frente a sus costes–. En aquel momento, ya se previó que estos cambios iban a disparar el importe de la tarifa de tratamiento de residuos urbanos. Y así fue. Para más señas, un 130% en sólo siete años al pasar de 46,7 euros en 2001 a 108 en 2008.
En el caso de Mac Insular , las tarifas han pasado de 28,5 a 51,6 euros por tonelada en tres años, en lo que constituye el ya mencionado aumento del 81%.
