PALMA.- Facultativos de Baleares se han quejado al Ministerio del Interior sobre el proyecto de decreto que cambiará la regulación de los centros de reconocimiento médico de conductores. La causa de la protesta es la eliminación de la figura del especialista oftalmólogo en los exámenes cuando, según los últimos datos, el 53,65% de los suspensos se debe a deficiencias visuales. Esta causa agrupa a más del doble de personas que la segunda, que se refiere a problemas cardiovasculares.
El presidente de la Sociedad Balear de Oftalmología, Manuel de Timoteo, ha declarado a este periódico que «la reforma obedece más a una medida económica que a una razón preventiva sanitaria, ya que en España hay pocos oftalmólogos y al Estado le cuesta mucho dinero tener uno en cada centro de reconocimiento médico».
Por ello, todas las sociedades oftalmológicas de España, incluida la de Baleares, así como el presidente del Colegio de Médicos de las Islas, Juan Gual, han remitido sendas cartas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestando su disconformidad con la medida.
Polémica reforma
El proyecto ha sido impulsado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y pretende derogar todos los decretos que hasta ahora habían regulado este sector. Si se aprueba quedarán anulados el Real Decreto 1467/1982, la Orden de 22 de septiembre de 1982, el Real Decreto 2272/1985, y la Orden de 13 de mayo de 1986.
La norma del Gobierno contempla igualmente, en su artículo 6, que en estos centros, donde también se expiden licencias de armas, exista un equipo integrado por los siguientes facultativos: un médico general, un médico oftalmólogo y un psicólogo colegiados. No obstante, añade que «el centro podrá no disponer, entre su personal, de un oftalmólogo colegiado». Así, en el supuesto de que el resto de sanitarios contemplen un defecto visual, «se deberá realizar la exploración por un especialista en oftalmología». Por ello, también se obliga a que «en el momento de presentar la solicitud para su acreditación e inscripción en el Registro de la Dirección General de Tráfico», se hayan concertado los servicios de una clínica con servicio de Oftalmología.
Respecto a esto, la petición de los oftalmólogos al Ministerio denuncia que «ni el médico general ni el facultativo psicólogo están capacitados ni por conocimientos ni por titulación a sospechar en su totalidad qué casos deben ser consultados y qué casos deben ser desechados». Por su parte, el doctor Timoteo indica que remitir a los examinados a la seguridad social no sería una solución, ya que quedaría bloqueada por el aluvión de solicitudes.
Cerca de tres millones de personas acuden cada año a este tipo de centros en España, mientras que en Baleares el número es superior a mil cada la semana. Tampoco se contempla recurrir a la sanidad privada, porque el coste sería todavía mayor.
Existe también el problema de los pacientes que acaban de sufrir una operación de vista. Los especialistas prohíben que conduzcan durante los tres meses siguientes a ser intervenidos, y que si excepcionalmente lo hacen, que sea sólo a las horas de mayor luz. Sin embargo, como el informe del médico no implica la retirada del carné, la mayoría de los pacientes hacen caso omiso de la orden sanitaria y se convierten en un peligro potencial en la carretera.
