Las tarifas que exige la SGAE por la celebración de conciertos y otros actos en las fiestas municipales, asegura Ignacio Fernández, «están equiparadas al pago de la iniciativa privada por actuaciones similares». Es decir, que la cantidad que se le exige a un particular por la organización de un concierto es el mismo que paga una corporación municipal: el 10% de los ingresos. Cuando la actuación es gratuita se cobra el 10% de lo que haya costado la contratación del artista.
No obstante, la SGAE cobra menos a los ayuntamientos por eventos para los que se contratan los servicios de orquestas municipales. «Las actuaciones de bailes populares en las plazas», como lo define Fernández, están primadas por la Sociedad General de Autores y Editores cuando el Consistorio en cuestión opta por contratar a una orquesta. En estos casos, la cuota no pasa del 7% y con ello, asegura Fernández, se pretende fomentar la contratación de estas agrupaciones musicales.
Consideraciones más complicadas reviste la contratación de Disc Jockeys, ya que en esos casos la SGAE debe entrar a valorar concienzudamente en qué medida debe reclamarse el pago de derechos de autor por el material discográfico utilizado en la actuación.
Las valoraciones que deben ser establecidas en los espectáculos de variedades, actuaciones dramáticas o pases cinematográficos (sean todos con o sin taquilla) y las tasas correspondientes dependen de las características de cada evento en concreto. Asimismo, también es de obligado cumplimiento informar a la SGAE y pedirle permiso para la celebración de tales actos.
Por lo que respecta a la música que pueden despedir los altavoces instalados en la vía pública durante las fiestas (bien trátese de CDs o de programas de radio) las cantidades a pagar «son muy pequeñas», indica Fernández.
Pero es que tampoco las radios locales se libran del influjo de la SGAE, que si bien no tiene problemas en lo concerniente a fiestas patronales en Montuïri sí los tiene con su emisora de radio, la cual no paga las tarifas establecidas.
