PALMA-La nacionalista gallega y dirigente de UM, María José Rodríguez, será presentada hoy como Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de las Islas Baleares. El Govern coloca así en este puesto a una persona de confianza del Pacte tras la dimisión del anterior titular nombrado por el PP, el catedrático de Derecho de la UIB, José Ángel Torres Lana.
Con este nombramiento se rompe el carácter de independiente del cargo ya que se trata de una dirigente de UM de larga trayectoria. Rodríguez fue la cabeza de lista de este partido para la elecciones europeas de 2004 y ha formado parte de su Consejo Político hasta días antes de que el Consell de Govern aprobara su designación.
De hecho, el decreto 88/2004, que regula este puesto, intenta preservar esa independencia del titular estableciendo, entre otras cosas, que será incompatible con «cualquier mandato o cargo político» y el «desarrollo de cualquier función en partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones o fundaciones con fines sanitarios». Además, el propio texto del decreto de creación de esta figura (5/2003) obliga claramente a que el candidato se busque «entre juristas de reconocida competencia o profesionales con experiencia en la administración sanitaria». A diferencia de su predecesor, Rodríguez no es una prestigiosa jurista y en cuanto a la otra posibilidad, afirma haber sido funcionaria de la Dirección General de Sanidad hace años, así como lo fue de Servicios Sociales y de la Comisión Interdepartamental de la Mujer. Recientemente ha sido Directora de Bomberos del Consell de Mallorca, mientras estaba dirigido por Maria Antònia Munar, y por último Directora de la Residencia de ancianos La Bonanova. En este último cargo recibió críticas por parte de algunos de sus empleados. El sindicato CC.OO. presentó dos denuncias a la Conselleria de Salut, la misma que la ha propuesto, porque la situación de la residencia era «caótica y ruinosa desde un punto de vista presupuestario».
María José Rodríguez también fue representante del sindicato de funcionarios CSIF en 2001, cuando no dudó en criticar al Pacte por un aumento escandaloso de puestos a dedo. En aquel momento afirmó que «los políticos han patrimonializado la administración, haciendo de la función pública un chiringuito al servicio de sus intereses». «Es cierto que son puestos de confianza, pero esta administración lo ha pervertido y ha hecho de esta posibilidad un todo vale», denunció.
La nueva defensora del paciente deberá, entre otras cosas, atender a las reclamaciones de los ciudadanos y, si deduce existencia de responsabilidad administrativa, elevar su propuesta al Consejo de Salud.
