PALMA.- El Consell que preside la socialista Francina Armengol no considera suficiente motivo para pedir la suspensión de las obras de Can Domenge el peritaje judicial encargado por el Colegio de Arquitectos de Baleares que concluyó que la parcela vale el doble de la suma por la que se adjudicó.
Así se deduce del último informe elaborado por el letrado jefe del Consell, Gabriel Oleza, quien ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 que deniegue la suspensión del procedimiento. Una suspensión solicitada por los actuales socios de Armengol del Bloc.
El dictamen jurídico encargado por Armengol sostiene que el análisis del precio del solar que hizo el Colegio de Arquitectos (aportado en la querella que investiga el Juzgado de Instrucción 12) no es motivo para solicitar una suspensión. «Máxime -agrega literalmente- cuando no se han practicado otras pruebas sobre el fondo del asunto que demuestren o no el acierto de sus aseveraciones». Es decir, cuando no se ha cotejado el resultado del peritaje con pruebas aportadas por la defensa.
Cabe recordar que dicho peritaje determinó que la parcela pública vendida por el Consell en 2006 (cuando lo controlaba UM) vale 59 millones de euros. 29 más de los que la cúpula de UM fijó como precio máximo. Un dato fundamental para clarificar si a la hora de adjudicarlo se incurrió en la malversación de un bien público, como defienden los denunciantes.
Habla el Colegio
Dicha tasación no fue realizada a instancias de la acusación. Sino que fue elaborada a instancias del juez por tres arquitectos peritos independientes designados por el Colegio de Arquitectos de Baleares, que quiso externalizar la tarea para evitar suspicacias y asegurarse la máxima neutralidad, ya que había participado en el tribunal de adjudicación del solar. Concretamente, los tres peritos fueron Pere González Nebreda, presidente de la Agrupación de arquitectos peritos de Cataluña y autor de uno de los manuales de referencia en esta disciplina, presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses en las Islas Baleares y su colega ibicenco, el también prestigioso Josep Ferrer Llaneras. «Se escogió a los mejores para garantizar la máxima precisión e independencia», recordaba ayer el decano del Colegio de Arquitectos Luis Corral. Ese es el informe que, en opinión de Armengol (la presidenta confió la cuestión a sus técnicos), no varía el contenido del litigio. Y del que dice que cuyas «aseveraciones» podrían no tener «acierto».
El asesor jurídico del Consell agrega a su escrito jurisdicción contencioso-administrativa de la materia. Precedentes que apuntalan su tesis de que un informe no constituye una variación de las circunstancias que rodean un expediente para pedir su suspensión. En otras palabras, considera que la situación es a día de hoy, y pese a esta prueba pericial, la misma que cuando empezaron las obras. Y la misma que cuando se solicitó por primera vez la paralización de la adjudicación en octubre de 2006.
Oleza también opina en su informe que «la suspensión no es el trámite idóneo para resolver anticipadamente la cuestión de fondo máxime cuando ni tan siquiera se han llevado a cabo las pruebas propuestas por las partes». También recurre a un auto del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares de 1999 para defender que no es conveniente tomar medidas de congelación antes de que haya sentencia.
Carmen Frígola, la jueza que valora si las obras deben ser abortadas mientras la adjudicación esté bajo sospecha, todavía no ha tomado una decisión.
Curiosamente, Armengol criticó duramente la tramitación del proyecto y la venta del solar a precio tasado cuando estaba en la oposición. Los suyos denunciaron que el caso era un ejemplo de «oscurantismo», que ponía en duda la «honorabilidad» de la institución y que podía albergar un «tráfico de influencias».
