EL ÁPUNTE
JOAN FONT ROSSELLÓ

¿Por qué el PP no defiende la seguridad jurídica?

Poco antes de las pasadas elecciones autonómicas se me acercó un vecino de Petra. Votante del PP a quien no se le ocurriría cambiar su voto, no entendía que Matas tuviera desamparados a los propietarios de los Anei –Área Natural de Especial Interés– donde «no podemos mover una piedra» (sic).

Los beneficios fiscales previstos en las DOT para compensar a los Anei se han vuelto irrisorios con el paso del tiempo tras haberse suprimido el impuesto de donaciones y sucesiones –donde obtenían una importante bonificación– y haberse prohibido la edificación. La prohibición de edificar unifamiliares aislados en Anei se remonta a la Ley 9/1999 de 6 de octubre aprobada por Antich poco después de conquistar el poder en verano de 1999. Una prohibición que Matas suavizó durante la pasada legislatura pero sólo en Eivissa. Aunque por parte del PP se han querido subestimar los efectos del decreto ley de medidas cautelares –«Una operación de maquillaje», según Mabel Cabrer–, asegurando que muchas de las zonas que se van a proteger ya eran suelo rústico y que no precisaban de ningún blindaje puesto que no tenían presión urbanística, la verdad es que en suelo rústico puede aún construirse en una parcela mínima de 1,4 hectáreas mientras que en Anei está totalmente prohibido. En Eivissa, donde se ha prohibido de nuevo la construcción en Anei volviendo a la situación de la 9/1999, han comenzado a suspenderse licencias concedidas al amparo de la legislación anterior. Desde hace tiempo me pregunto qué afinidades –y no sólo en materias territoriales– comparten estos miles de ciudadanos en situación parecida al vecino de Petra con los actuales jerarcas del PP balear y qué han hecho éstos para compensarles por la laminación de sus derechos edificatorios en loor y mayor gloria de la salvación de Mallorca. El manoseado interés general, este mantra al que se apela para conculcar derechos fundamentales, no debería perjudicar sólo al propietario afectado por una desclasificación o una pérdida de derechos edificatorios sino que estos perjuicios deberían recaer sobre todos los ciudadanos en su conjunto, representados por la Administración, los beneficiados de una mayor protección territorial. Antonio Alemany, vox clamantis in deserto, a quien ya va siendo hora de que la derecha sociológica balear le rinda un merecido homenaje por defenderla de las puñaladas de la derecha política, ha hecho reflexiones muy interesantes sobre la seguridad jurídica. Y ha denunciado los abusos que los políticos cometen en nombre del cacareado interés general, un concepto opinable, volátil y siempre muy discutible –político, en definitiva– y que no está, ni de lejos, en pie de igualdad con la seguridad jurídica ni con el principio de legalidad que son las piedras angulares de todo Estado del Derecho. Seguridad jurídica –poderse fiar de las leyes en vigor y actuar en consecuencia– e interés general se pueden llegar a contraponer como el gobierno de leyes instituido en las democracias liberales se contraponía al gobierno de los hombres de los regímenes predemocráticos. ¿Por qué las medidas cautelares a las que se ha sumado alegremente el PP de Estaràs atentan contra la seguridad jurídica? En primer lugar, porque se desclasifican unas zonas concretas y puntuales, las que han señalado, marcando el camino a los políticos, el GOB y demás marabunta ecologista que, al igual que los nacionalistas, tienen la mala costumbre de hablar en nombre de todos. Y lo hacen sin tener en cuenta ningún criterio general, como en las DOT. ¿Por qué se desclasifican unos urbanizables y no otros? ¿Por qué en primera instancia no se desclasifica Cala Blanca y Can Marçal Vell y después sí? ¿Qué ha cambiado sino el capricho de unos políticos que, mientras juegan irresponsablemente con el destino de propietarios, promotores y constructores que han arriesgado su dinero amparándose en la legalidad vigente, sólo obedecen a sombrías estrategias de partido para arañar un puñado de votos abrazando la moda ecologista? Hete ahora a Armengol pidiendo al PP que se anime, en plena orgía proteccionista, a desclasificar también Es Caülls y Es Guix. ¿No se da cuenta Estaràs de que, por mucho que se esfuerce, siempre será superada por la izquierda? En segundo lugar, la moratoria no concreta las compensaciones –indemnizaciones, trasvase de edificabilidades, etc.– de la Administración por pisotear derechos edificatorios legítimamente adquiridos.

Hay urbanizables donde se han suspendido sine die licencias, planes parciales aprobados definitivamente, etc. No han anulado sino suspendido y sin ningún plazo además, a la espera de que resuelvan el embrollo los políticos del futuro, multiplicándose así la indefensión de los afectados. ¿Qué les espera a los afectados? Demandar a la Administración y esperar años, lustros, décadas tal vez, hasta que una sentencia les restituya alguno de sus derechos conculcados indemnizándoles de algún modo.

La conversión de Estaràs. Las incoherencias son múltiples y no sólo con respecto al pasado más reciente. Mientras la alcaldesa de Felanitx y diputada del PP exige al Govern la desclasificación de Can Marçal Vell (Felanitx), en su pueblo ni siquiera es capaz de votar a favor: sólo se abstiene. Y en Santanyí el alcalde del PP hace otro tanto: se abstiene a la hora de prohibir el hotel anejo al golf de Es Pujols. Ya se sabe: hay que tenerlo bien con todo el mundo y dar la culpa a Palma a ser posible.

Viendo los rostros de satisfacción, a pesar del frío que hacía, de la plana mayor del PP mallorquín posando junto con el PSM en la concentración para proteger Cala Blanca, uno sospecha que la conversión de Estaràs no sólo obedece a simple oportunismo, sino a algo más grave: las convicciones de Estaràs se acercan más a la cosmovisión progre de la izquierda que a la mía y a la de miles de ciudadanos que todavía tienen al PP como único referente en la esfera pública. Sucede como con el catalanismo.

Los oligarcas del PP no le hacen ascos al catalanismo, menos al feminismo, menos todavía al ecologismo y mucho menos todavía al estatalismo. Hace tiempo que el mandarinato popular anhela formar parte de la comunión mística en torno a los grandes temas –lengua y territorio– que históricamente les han separado de la izquierda y nacionalistas para así hacerse perdonar y pasar de ser enemigos irreconciliables a adversarios respetados. ¿Su espejo? El oasis catalán.