La Fiscalía de Baleares, hiperactiva en la persecución de delitos urbanísticos en suelo rústico, no aprecia indicios de delito en la actuación de Miquel Àngel March en su finca de Pollença. Y ha secundado el sobreseimiento de la causa en la denuncia contra el conocido ecologista.
Según han comunicado fuentes del proceso, el informe emitido por la Fiscalía sobre el caso es muy escueto. Tanto que apenas supera unas cuantas líneas mecanografiadas. En ellas, el organismo encargado de ejercer la acusación pública se adhiere a los argumentos de la defensa alegados por March y apunta al archivo.
March fue denunciado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Inca por la presunta comisión de un delito contra la Ordenación del Territorio. Se le acusa de haber edificado sin licencia una construcción de «unos 70 metros cuadrados» en una parcela catalogada como Anei (Área Natural de Especial Interés). La figura más restrictiva en cuanto a protección ambiental.
El artículo 319.1 del Código Penal prevé penas de entre seis meses y tres años de prisión, así como la inhabilitación especial para ejercer la profesión durante el mismo periodo, para «los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada» en espacios de especial protección.
El pasado mes de octubre se conoció precisamente una sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Palma que condenaba a un propietario a seis meses de prisión (al final todo se traduce en una multa) por edificar en suelo Anei un gallinero de 18 metros cuadrados.
Casetas y reforma
Concretamente, y según consta en las fotografías aéreas aportadas junto a la querella, entre el año 2002 y 2004 (cuando ya March había adquirido la finca de l’Assarell, en Pollença) aparece una caseta cuyo uso sería el de «pocilga-gallinero», en palabras del propio March. Una obra que, según el denunciante, se acometió sin la pertinente licencia del Ayuntamiento. Lo cierto es que, regular o no, la edificación fue derribada poco después de que March conociese la denuncia. Algo para lo que también habría necesitado licencia.
Además de eso, la denuncia también sostiene que March realizó reformas en las casas de la possessió que no podría haber hecho por tratarse de un bien catalogado. Y que a la hora de solicitar la licencia para dicha reforma no informó acerca de otra caseta ilegal levantada en los años 70. Pese a que esta última irregularidad habría prescrito y se produjo antes de que March adquiriera l’Assarell, debería haber informado de la existencia de la caseta a la hora de pedir licencia de reforma de sus casas principales al Ayuntamiento. Si no, cualquier permiso concedido sería irregular por encontrarse la parcela fuera de ordenación. Así lo sostuvo recientemente un informe municipal.
Actualmente el procedimiento se encuentra en fase de instrucción (investigación judicial que debe determinar si efectivamente hay indicios de delito o si por el contrario la denuncia debe ser desestimada), pendiente de una resolución de la Audiencia, que debe pronunciarse acerca de si la fianza exigida al denunciante para ratificar la querella, cifrada en 9.000 euros, debe ser mayor, como ha solicitado March. Esta resolución ralentizará el proceso. El juez pidió informes a la Guardia Civil porque apreció indicios de delito. Pero la Fiscalía no considera que la denuncia deba ir a mayores.
Otros casos
La postura del Ministerio Público en este caso es opuesta a la que ha adoptado en otros municipios en los que han mediado denuncias.
Salvando las distancias, sirva como ejemplo alguno de los recientes escándalos urbanísticos de Andratx, donde, por ejemplo, la Fiscalía emitió un contundente escrito en el caso del presidente de UM que aprovechó una licencia de establo y casa de aperos para construir un chalé en suelo rústico.
Eso además de algunas de las causas investigadas en el marco del caso Andratx, como aquella en el que se acusa al ex alcalde de ALA y PP de haberse acondicionado una casa de aperos como chalé de forma irregular. Una intervención en la que la Fiscalía de Medio Ambiente resultó decisiva al remitir el caso a Anticorrupción, y que sentará al ex alcalde ante un juez a mediados de este año.
El caso de esta caseta de aperos, por ejemplo, fue denunciado entre otros por la organización ecologista GOB, y el propio March ha colaborado en diversos foros de la mano de la Fiscalía de Medio Ambiente para analizar casos de corrupción urbanística y preservación del suelo.
