El pasado domingo, en el debate de IB3 que dirige Joan Frontera –Caires–, el portavoz de UM en el Consell, Miquel Àngel Flaquer, aseveró que cada ciudadano balear aporta unos 3.000 euros anuales que Madrid no nos devuelve. Hete aquí el expolio fiscal, concluía, que justifica la necesidad del discurso nacionalista. Yo le reproché que era propio de demagogos hablar en términos de balanzas fiscales autonómicas y que si bien podíamos ponernos de acuerdo en que existía un desequilibrio fiscal debido al déficit en las inversiones estatales –curiosamente UM y PSM han aceptado sin rechistar los miserables 281 euros per cápita que ha conseguido Manera frente a los 546 de media nacional en los PGE de 2008– y al sistema de financiación –la ley 21/2001 fue aprobada por unanimidad por todas las autonomías y los dos partidos mayoritarios–, el concepto de balanzas fiscales estaba superado.
Los estudios de balanzas fiscales se han convertido en uno de los principales anclajes argumentales de los nacionalistas de todos los partidos para denunciar un agravio comparativo fiscal entre distintas autonomías y demostrar así la existencia de un expolio fiscal o latrocinio fiscal –Madrid nos roba–, consigna difundida por los nacionalistas catalanes y secundada por Sampol y ahora por M. A. Flaquer.
Lejos de informarnos con exactitud sobre la solidaridad entre autonomías, sin embargo, estos estudios sólo nos informan de los flujos redistributivos en España, lo que aconseja interpretar los resultados –los saldos totales– con cautela. ¿Cómo se define la balanza fiscal de una autonomía? A la espera de que el Instituto de Estudios Fiscales fije los criterios y la metodología para definirlas, hasta ahora se han venido definiendo como el saldo –una resta aritmética– entre los impuestos pagados al Estado por los residentes en una autonomía y el gasto del Estado en esta misma autonomía, en forma de bienes, servicios o inversiones directas a cargo de los presupuestos generales del Estado (PGE). La balanza fiscal de una autonomía es el balance entre lo que se lleva el Estado de esta autonomía y lo que le devuelve. Esto que, al parecer, es tan simple, se complica tremendamente cuando tratamos de definirlo y calcularlo. De hecho, cada estudioso define la balanza fiscal de una forma distinta calculándola por tanto con una metodología distinta. Existen múltiples definiciones de balanzas fiscales, cada una de ellas con su metodología y ofreciendo resultados muy dispares.
La segunda objeción –y más importante– a la validez del concepto de las balanzas fiscales tiene su origen en los estudios del economista Ángel de la Fuente, uno de los estudiosos de balanzas fiscales más prestigiosos de España.
Sus conclusiones dinamitan las pretensiones de los nacionalistas: estos 3.000 euros de los que habla Flaquer apenas dependerían de razones territoriales. En efecto, tras destripar estas balanzas fiscales en distintos grupos de programas presupuestarios, Ángel de la Fuente ha estimado que un 83% de los saldos totales que se obtienen –los 3.000 euros de Flaquer– no dependen del territorio. En efecto, un 74% de los saldos fiscales obtenidos son el resultado natural de aplicar reglas uniformes de imposición y de prestaciones sociales a poblaciones con distintas características demográficas y económicas. Ello se traduce en un efecto redistributivo entre autonomías –una solidaridad indirecta entre territorios–, pero de tipo personal. Es decir, un español con una cierta renta pagará los mismos impuestos, viva en Baleares o en Extremadura, del mismo modo que un desempleado percibirá el mismo subsidio, viva en Baleares o en Extremadura.
Un 74% de los 3.000 euros de Flaquer se deberían por tanto a que la distribución de los niveles de renta y de desempleo de Baleares y de Extremadura, por ejemplo, no son uniformes. Como en Baleares hay una mayor proporción de ciudadanos con una renta más alta que en Extremadura, evidentemente en su conjunto se producirá un trasvase de dineros públicos desde Baleares hacia Extremadura. El criterio redistributivo de tipo personal –no territorial– puede ser más o menos discutible desde postulados liberales, no así desde postulados constitucionales (artículos 31 y 139 de la Constitución).
De este 83%, el 9% restante de los 3.000 euros de Flaquer tampoco depende del territorio, sino de las políticas de regulación y promoción económica en forma de subvenciones y ayudas a unas determinadas actividades productivas –pesca, carbón, turismo–. Como tampoco hay uniformidad en términos sectoriales entre las distintas autonomías, se producirá evidentemente un trasvase desde aquellas autonomías más favorecidas a las menos favorecidas por este tipo de políticas sectoriales. El efecto es otra solidaridad interterritorial indirecta, ahora de tipo sectorial.
Sólo un 17% del saldo total de las balanzas fiscales depende del impacto territorial. En este 17% (la sexta parte sólo del total, de ahí que Ángel de la Fuente aconseje dividir como mínimo por seis los saldos fiscales totales) se incluye el déficit en financiación autonómica –un 8%– y el déficit en inversiones estatales directas en una autonomía –el 9%. Si partimos de la premisa de que todos los españoles deben recibir la misma calidad de servicios si realizan el mismo esfuerzo fiscal está claro que hay que minimizar al máximo esta solidaridad interterritorial directa debido al territorio donde uno vive. Este 17% sí puede y debe corregirse porque es un agravio que afecta al ciudadano en función de la autonomía donde vive.
No es justo que un vasco –mediante el concierto– ni un extremeño gocen de más calidad de servicios que un balear al realizar los tres el mismo esfuerzo fiscal.
De ahí que, después de dividir por seis, los 3.000 euros de Flaquer se queden en sólo 500 euros, que salen grosso modo de sumar nuestro déficit en inversiones estatales a cargo de los PGE –los 265 euros per cápita de déficit que Manera ha consentido a Solbes– y lo que devolvemos al Estado cada año en base a nuestro Fondo de Suficiencia negativo –unos 220 euros per cápita– que todos nuestros políticos –todos– aceptaron entusiastas en 2001. Queda claro que el manoseado tópico de que los pobres de las Islas pagan a los ricos extremeños no deja de ser un despropósito demagógico más a añadir a la larga lista de agravios (algunos reales, casi siempre imaginarios) con los que algunos tratan de dividir a los españoles.
