El fisco ha intervenido en el proceso que sigue el Juzgado de Instrucción número uno de Palma en torno a las multimillonarias subvenciones otorgadas a dedo por el Consell de Mallorca bajo la presidencia de Maria Antònia Munar a pseudoasociaciones dirigidas por líderes de su partido. Lo ha hecho convirtiéndose en uno de los principales peritos de la causa y tras meses de pesquisas ha detectado un sinfín de irregularidades.
Buena parte de ellas se concentran en los recibos aportados por la Asociación de Actividades Socioculturales de Mallorca. Según han confirmado a EL MUNDO/El Día de Baleares fuentes del propio juzgado de instrucción, la Agencia Tributaria duda seriamente de la veracidad de los recibos aportados por la entidad comandada por Magdalena Rigo y Magdalena Burguera e instan al juez a que certifique de manera definitiva si estos justificantes corresponden efectivamente a los trabajos encomendados por el Consell de Mallorca o si en muchos casos éstos realmente llegaron a tener lugar.
Tras examinar la documentación de Las Magdalenas del municipio de Campos la Agencia Tributaria considera que podríamos encontrarnos ante un posible delito contra la Hacienda pública.
La posible pena
Concretamente ante quel en el que incurre todo el que «obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones públicas de más de 80.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido». Esta conducta está penada en el Código Penal, en términos generales, «con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de su importe». Pero es que, además, este delito, en su apartado segundo, englobaría también las irregularidades detectadas hace varios meses por la Sindicatura de Cuentas, que también ha hecho las veces de perito judicial. El Tribunal de Cuentas balear subrayó, además de advertir que los recibos estaban amañados, que fueron presentados fuera de plazo y que sus conceptos no casan con el objeto subvencionado. En este sentido apunta el Código Penal que «las mismas penas se impondrán al que, en una actividad subvencionada con fondos de la Administración... altere los fines para los que fue concedida».
