EIVISSA.- El presidente del Consell Insular de Eivissa, Xico Tarrés, celebró ayer una reunión extraordinaria del Consell de Alcaldes para tratar de consensuar «en la medida de lo posible» la nueva normativa urbanística que plantea el Govern balear en las islas, según explicó el propio Tarrés.
Al encuentro, celebrado en el despacho del presidente del Consell, tan sólo faltó el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí.
Tarrés se felicitó por haber convocado el encuentro tan rápido y recordó que tras ocho años de alcalde de Eivissa con gobiernos del Partido Popular y del Pacte en el Consell Insular nunca le habían llamado para consensuar nada.
El presidente del Consell insistió en la necesidad de aprobar medidas «que se acerquen lo más posible a nuestro programa electoral», lo que incluye «una mayor protección del territorio, que es lo más sagrado».
Tarrés reconoció que en la elaboración de esta nueva normativa territorial tratarán «de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posible» ya que «será muy difícil consensuar la ley» con el Partido Popular.
Por ejemplo, explicó Tarrés, su partido no quiere «ni un puerto deportivo más», así como tampoco «edificar en Aneis», al que en Eivissa todavía se puede pero en Mallorca y Menorca no.
«A mí me gustaría que los payeses y sus hijos se pudieran construir una casa», señaló el presidente del Consell de Eivissa.
Por otro lado, Tarrés adelantó que no tiene intención de hacer «cambios sustanciales en el Plan Territorial Insular» aprobado por el Partido Popular sino tan sólo «modificaciones puntuales».
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, aplaudió la oportunidad ofrecida desde el Consell Insular de Eivissa a todos los alcaldes, incluidos los tres del Partido Popular, para «participar en la futura norma».
Sin embargo, Sala aseguró que el Plan Territorial Insular aprobado durante el anterior gobierno de los populares «es una normativa de protección suficiente».
El alcalde de Sant Antoni aprovechó para, en nombre del alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, y del de Santa Eulària, Vicent Marí, mostrar su «desacuerdo» con la moratoria aprobada por el Govern balear hasta que se aprueben las nuevas normas territoriales. «El PTI ya es suficientemente restrictivo», sentenció Sala.
Finalmente, el de Sant Antoni reconoció que «lleguemos o no a acuerdos al menos se escucha nuestra opinión».
La norma se aprobará en el Consell de Govern y pasará después por el trámite parlamentario, tras lo cual se trasladará al Consell de Ibiza, donde se realizarán las modificaciones necesarias sobre el documento del PTI.
Desde el primer momento el equipo de gobierno del Consell Insular ha trasladado al Govern balear la necesidad de contar con su opinión para decidir el futuro del territorio de la isla, y por ello le ha comunicado las especiales circunstancias que concurren en Eivissa, notablemente diferentes de las de Mallorca y Menorca.
El Consell destaca «el compromiso del Govern balear de atender todas las peticiones que en este sentido se han planteado desde Eivissa» y ambas administraciones trabajan de manera conjunta, «ultimando la elaboración del proyecto».
«Hay que destacar que se tendrán en cuenta las necesidades de los habitantes del territorio, ya que éstos deben ser los primeros beneficiados de la revisión de la ordenación de los espacios naturales», señala el texto.
«Las medidas legales», prosigue, «se aprobarán con toda probabilidad en un periodo muy breve de tiempo, dando así cumplimiento a uno de los compromisos electorales más importantes de este Ejecutivo». También reitera el «compromiso del Consell con la protección de los espacios naturales más emblemáticos de la isla para preservarlos de grandes proyectos urbanizadores».
El Govern balear prestará apoyo técnico y abrirá líneas de ayudas para que los ayuntamientos de las islas adapten las normativas municipales a los Planes Territoriales Insulares (PTI) y que, una vez logrado y observados los efectos, se valorará si se modifican y en qué sentido las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que dicta el Govern cuando venza el plazo en 2009.
Por otro lado, el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) rechazó ayer la nueva iniciativa del Govern dirigida a incrementar las posibilidades edificatorias, ya sea «creando más suelo urbanizable a costa de suelos rústico» o «aumentando la edificabilidad en los terrenos edificables actuales».
En un comunicado emitido ayer por el grupo de defensa de la naturaleza, el GOB reclamó una «rectificación clara» por parte del Govern en estas políticas. «Sería una contradicción poner al alcance de constructores y promotores más suelo edificable, aunque sea para estas viviendas», añadió.
De esta manera, el GOB recomendó promover el uso de viviendas construidas y que se encuentran vacías, reconvertir el suelo urbano actual en suelo de protección oficial, apostar por la reforma de inmuebles degradados y facilitar el alquiler de pisos existentes.
«En Baleares hay actualmente 537.911 viviendas, de las que 336.591 son residencias principales, 107.059 segundas residencias y 94.261 están desocupadas todo el año», aseguró el GOB.
