EIVISSA.- Consell Insular de Eivissa, Govern Balear y la empresa eléctrica GESA crearon una comisión cuyo objetivo será estudiar las modificaciones del proyecto del gasoducto para evitar la expropiación de demasiadas fincas afectadas por el trazado. Así lo anunció el pasado mes de septiembre el conseller insular de Desarrollo Empresarial, Joan Serra Mayans, quien aseguró que la comisión «debe plantear a mediados del mes de octubre el estudio que se le ha solicitado».
En la rueda de prensa de ayer explicó Serra que «será muy difícil que no haya ningún afectado por el gasoducto», aunque por el momento los técnicos todavía siguen trabajando para conocer cuántos serán los afectados por estas obras.
La decisión de crear la comisión se adoptó en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Consell Insular de Eivissa, a la que asistieron la directora general de Energía del Departamento de Comercio e Industria del Govern, Marilena Tugores; y representantes de GESA.
Mayans aseguró que durante el encuentro se planteó la posibilidad de que la mayor parte del trazado discurra por la autovía que comunica las localidades de San Antoni y Eivissa.
Sobre el impacto territorial y su afectación sobre la población ibicenca también se pronunciaron desde el Partido Popular. El diputado autonómico José Juan Cardona aseguró ayer que si el trazado final no circula por la carretera de Sant Antoni, Gesa incumpliría la ley que dicta el Plan Director Sectorial de Energía.
Según las primeras previsiones, la construcción de un tramo de gasoducto de 40 kilómetros entre Mallorca y Menorca tendría un coste de unos 200 millones de euros que habrían de sumarse a los casi 490 millones en que está presupuestada la conducción Montesa-Denia-Ibiza-Mallorca.
