Horas después el Ayuntamiento de Palma hacía pública una nota de prensa anunciando la denuncia remitida al Ministerio Fiscal por las actividades supuestamente ilegales del empleado de Urbanismo, A.V.D. cuyo cargo fue omitido en el comunicado. A este técnico que inició su carrera en la administración municipal en julio de 2002 se le acusa, según la información proporcionada por el equipo de gobierno, de un supuesto delito de «negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y de tráfico de influencias». Todo apunta que el funcionario en cuestión agilizaba la tramitación de expedientes de obra y podría haber recibido compensaciones a cambio.
La alcaldesa de Palma en rueda de prensa no quiso detallar, ni ampliar, nada más en relación a los posibles delitos cometidos por este empleado municipal ya que «el expediente está en manos de la Fiscalía y hasta que no esté resuelto me veo obligada a guardar la máxima cautela», manifestó.
Despacho cerrado
Lo único que quiso dejar claro ayer en su intervención es que «es un caso aislado y puntual» y que «no hay constancia de la existencia de una trama organizada», anotó. Calvo no dijo nada sobre el número de licencias supuestamente irregulares firmadas por este trabajador, ni desde cuándo estaría actuando así.
Según los datos proporcionados ayer por la primera edil palmesana el equipo de gobierno recibió el mes de septiembre diferentes denuncias de particulares alertando de las supuestas irregularidades cometidas por este empleado.
No fue hasta mes y medio después, en concreto el pasado 26 de octubre, cuando la también máxima responsable de la Concejalía de Urbanismo decidió abrirle un expediente disciplinario, una vez comprobados que los supuestos indicios delictivos tenían base real. Calvo remarcó que ella no tenía constancia de que existieran denuncias formales antes del pasado mes de septiembre.
«No consta formalmente denuncias con anterioridad, a pesar de que parece que hubo contactos previos», puntualizó.
«No existe ninguna actuación formal tomada con anterioridad, ni que conste por parte de la anterior Gerencia de Urbanismo» señaló, pese a que el hoy denunciado habría iniciado sus actividades en la última legislatura del ex alcalde Joan Fageda (PP).
El equipo de gobierno en contra de lo que es habitual en estos casos procedió a suspender de empleo y sueldo nada más abrir el expediente a este técnico del departamento de Licencias de Obra, pero no dio entonces traslado de ello a la Fiscalía.
Ayer el despacho que ocupaba el denunciado en el edificio municipal de la Avenida Gabriel Alomar i Villalonga aparecía cerrado a cal y canto, las luces apagadas y sin la placa con su nombre a la entrada del mismo. Una empleada confirmó a este diario que el funcionario interino «no trabaja ya con nosotros desde hace dos semanas», dijo.
Los expedientes que estaban en su despacho han pasado a manos del jefe del departamento Pau Gralla que se hará cargo de los mismos, según informaciones de este área.
La primera edil, por su parte, y en rueda de prensa informó que el expediente disciplinario fue abierto desde la Concejalía de Función Pública y estaba siendo instruido por otro empleado municipal cuyo nombre tampoco quiso indicar. «Ha sido el propio instructor el que al detectar que hay indicios que sobrepasan el ámbito de lo administrativo el que ha elevado al Ministerio Fiscal el expediente», aseguró.
Por tanto, y según las informaciones proporcionadas por la propia alcaldesa, «el expediente no se ha terminado de instruir y ahora será la Fiscalía la que decidan las acciones a emprender», aseguró.
«A partir de hoy», abundó la edil, «el expediente queda en manos del Ministerio Fiscal y se para temporalmente, a la espera de obtener una respuesta, la actividad disciplinaria por parte del Ayuntamiento» señaló la alcaldesa, quien insistió en la «conducta absolutamente impecable» de la inmensa mayoría de los funcionarios del Consistorio de la capital.
