La propuesta del PP la avalan los datos: hay casi 2.000 VPO pendientes de construir en diferentes zonas de la capital y, en segundo lugar, los partidos que hoy conforman el Pacte de Cort fueron durante la pasada legislatura los que más se opusieron a la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de viviendas y de infraestructuras. Ahí está el ejemplo del Hospital de Son Dureta en la finca de Son Espases Vell como el más ilustrativo de todos. Sin embargo ayer el discurso de los partidos que habían liderado hasta las pasadas elecciones la apuesta por la sostenibilidad dio un giro de 180º. Fue la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, la encargada de poner voz a este cambio de perspectiva.
La primera edil momentos después de que la Comisión de Urbanismo rechazara la moción del PP con el voto en contra del equipo de gobierno afirmó que «de entrada no descarto la construcción de vivienda pública en suelo rústico». Aunque Cort no tiene autoridad para recalificar terrenos, ni para oponerse a tal medida si así lo decide Govern o Consell, Calvo está ya dispuesto a estudiar la medida.
«Si el Govern establece un instrumento que nos permita encontrar vías para poder disponer de vivienda pública la estudiaremos», aseguró.
VPO en Son Busquets
La primera edil, eso sí, hizo un discurso voluntarioso y quiso hacer la cuadratula del círculo. A la vez que daba el visto bueno a construir más viviendas en suelo rústico, «apostaba además por combinar esta medida con la voluntad de respetar las áreas rurales y el patrimonio natural» agregó.
La alcaldesa admitió que en muchas ocasiones ha puesto de manifiesto su preocupación porque el Ayuntamiento no dispone de una bolsa de suelo público que le permita hacer frente a la problemática de la falta de vivienda por lo que aseguró que uno de los retos el Consistorio es conseguir terrenos para ello.
Por otro lado, Calvo se congratuló de que el PP vea ahora bien la construcción de vivienda pública en los terrenos de Son Busquets, máxime cuando en el convenio que firmó en su día con el Gobierno central sólo se preveían pisos libres.
Según manifestó, la idea de permitir viviendas de protección oficial en esta zona fue del Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Una verdad a medias ya que fue el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma durante la pasada legislatura y el Govern balear los que hicieron una oferta de más de 20 millones de euros al Ministerio de Defensa para poder dedicar la mitad de la extensión de esta propiedad a viviendas sociales.
Posteriormente, y una vez que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, fueron las dudas de la hoy alcaldesa Aina Calvo que propuso eliminar parte de las casi 1.700 viviendas previstas para habilitar más equipamientos, lo que retrasó su rúbrica. A fecha de hoy se desconoce si se podrán construir las casi 850 VPO previstas allí.
