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  Lunes, 19 de noviembre de 2007. Actualizado a las 23:53
 

Carbonero anuncia que la mayoría de las VPO proyectadas serán de alquiler

El Pacto por la Vivienda se aprobará a finales de este año y con un «consenso mayoritario»

PALMA.- El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, avanzó ayer que su Conselleria estima que en el plazo de cuatro años se construirán más de 5.000 nuevas viviendas de protección oficial, que en su mayoría -más del 50 por ciento, dijo- se facilitarían en régimen de alquiler. De estas, casi la totalidad serán de promoción pública y el resto correspondería a iniciativa privada a precio tasado.

Carbonero añadió que, además de la vivienda de nueva construcción, se impulsará el acceso a la vivienda pública mediante actuaciones de rehabilitación de zonas urbanas degradadas que faciliten la salida al mercado de la gran masa de inmuebles vacíos que existen en el archipiélago.

«Fomentaremos el régimen de alquiler hasta que deje de ser la excepción y empiece a ser la norma como ocurre en los países de nuestro entorno. Es una modalidad que tiene una gran ventaja cuando los créditos empiezan a estar caros y que además coincide con una política más social y más justa», agregó el conseller.

Carbonero explicó que el problema de la vivienda en Baleares radica en la ausencia de suelo público, es decir a precio asequible, como consecuencia de la legislación estatal vigente desde 1998, y consideró que las políticas encaminadas a permitir el acceso a la vivienda no pueden ir en una sola línea. «Hasta que la situación de propiedad del suelo esté normalizada, habrá que actuar con ayudas a los colectivos que más lo necesiten», insistió.

Carbonero afirmó también que su departamento tenía previsto trasladar ayer mismo a los agentes sociales, económicos y profesionales integrados en la Mesa por la Vivienda el borrador acabado del Pacto por la Vivienda que, según prevé, será aprobado «necesariamente» antes de final de año y con un «consenso mayoritario».

El conseller, acerca del contenido del acuerdo, subrayó que ni su departamento ni ningún otro del Ejecutivo autonómico tienen voluntad de que se pueda filtrar a la prensa antes de su aprobación, tal y como ocurrió con el decreto Ley de Medidas Urgentes la pasada semana, según Europa Press.

 
   
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