PALMA.— El caso Son Oms no sólo tiene una deriva política, penal y administrativa sino también fiscal. Hasta ahora el elemento más llamativo relacionado con las obligaciones con Hacienda de los protagonistas radicaba en las escrituras de decenas de miles de metros cuadrados, los correspondientes a los 15% pactados por Bartomeu Vicens y Maximiliano Morales, por un precio infinitamente inferior al de mercado. A tan sólo dos euros cuando están valorados en un millar.
Pero ahora surge un nuevo elemento. Todavía más burdo si cabe que los que le preceden.
El terrateniente José Garí asegura que, tal y como atestigua el Registro de la Propiedad número uno de Palma, vendió 10.000 metros cuadrados a una sociedad integrada por Jaime Montis, Bernardo Febrer y Miquel Munar –Promotora Balear de Polígonos, S.L–, el 20 de junio de 2000. La que montó el trío para comprar más suelo y hacerse con la mayoría que les permitiría controlar la Junta de Compensación y el reparto posterior de terrenos.
Pero este propietario precisa que la cantidad que percibió a cambio por su porción de suelo ya edificable –la recalificación se materializó en febrero de 1999 cuando fue publicada por el BOIB– dista mucho de la que ha quedado finalmente reflejada en la inscripción registral. «Cobré 100 millones de pesetas», asevera este dueño de solares en Son Oms. «Pero en la escritura pusieron lo que pusieron, 120.000 euros». Es decir, 80 millones de pesetas, 480.000 euros, menos de lo que estaban ambas partes obligadas por ley a reflejar en el documento público que fue validado en esta ocasión por el notario José Andrés Herrero de Lara.
No obstante, Garí no aceptó sin rechistar el cobro del 80% de la operación en negro. Puso una condición: quedarse con «un comprobante». Que entre ambas partes se firmase un «contrato privado» en el que quedase constancia de que había recibido el dinero que no figura por ninguna parte en la escritura de propiedad.
El «justificante»
«Amí Hacienda me podía preguntar en cualquier momento de donde había sacado los 480.000 euros y yo lo tenía que justificar de alguna manera», apunta Garí. «Así como los otros documentos –el contrato que asegura que tiene firmado con Vicens y Morales pactando el 15% de comisión– se lo he dado al fiscal, éste –el que acredita que percibió otros 480.000 euros– no se lo he dado porque no me lo ha pedido», apostilla Garí, que al igual que el resto de propietarios, ya ha prestado declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de las Islas.
Sin embargo, y a pesar de su apreciación, la ley no ampara la sustitución de la escritura validada por un fedatario público por un contrato privado paralelo entre las dos partes.
Hasta el último euro de la transacción debe quedar plasmado ante el notario, que inmediatamente da cuenta de la operación al fisco. La legislación vigente no ofrece otra alternativa posible.
