PALMA.– La protección de la zona húmeda de Ses Fontanelles, en la que está prevista la construcción de un gran centro comercial, es uno de los principales motivos de enfrentamiento que ha impedido aprobar la Ley de Medidas Urgentes del conseller Biel Vicens.
El portavoz del Bloc, Biel Barceló, aseguró ayer que existe un«principio de acuerdo» con el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca para desclasificar esta zona y evitar su desarrollo urbanístico. Sin embargo,UnióMallorquina se opone rotundamente a proteger este paraje de Palma.
De la veintena de casos recogidos en la Ley de Medidas Urgentes, el de Ses Fontanelles es quizá el más complejo, ya que la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, concedió la licencia de obras estando en funciones, apenas unos días antes de abandonar el cargo. Por tanto, los promotores tienen ya unos derechos consolidados y, tal como advirtió ayer Biel Barceló, podrían entrar con las excavadoras el próximo lunes para empezar a construir.
Sobre todo ahora que saben que el Govern ha dejado sobre la mesa su plan para proteger la zona.El equipo del conseller Bartomeu Vicens había estudiado distintas fórmulas jurídicas para ello. Una de ellas pasaba por ampliar la zona húmeda de Ses Fontanelles, pero la decisión quedaba entonces en manos del conseller de Medio Ambiente, Miquel ÀngelGrimalt (UM), cuyo partido no está por la labor.
El Bloc también barajó la posibilidad de incluir la protección de la zona en el Plan de la Playa de Palma que impulsa la Conselleria de Turismo. No es congruente que se hable de esponjar zonas de la Playa de Palma derribando edificios obsoletos –apuntaron ayer desde esta fuerza política– mientras se permite construir en una de las escasas zonas que quedan aún sin edificar, la de Ses Fontanelles.
Aunque en este caso, el PSOE parece estar también del lado de Unió Mallorquina. La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha insistido reiteradamente en que no se puede parar el proyecto de centro comercial, puesto que la licencia de obras está concedida (por Cirer).
Y ello a pesar de que si se desclasifica la zona, el posible pago de indemnizaciones no correspondería al Ayuntamiento, sino al Govern. Pero ni Calvo niUM quieren oír hablar del tema.
