EIVISSA.– El aplazamiento de la aprobación del decreto ley y de un proyecto de ley de medidas urgentes, anunciados por el Govern balear esta semana y que vendrían a proteger varias zonas del archipiélago, ha caído entre la clase política ibicenca con desigual fortuna. Desde el Partido Popular calificaron la acción del Ejecutivo autonómico de «irresponsabilidad». Para los populares de la pitiusa mayor, los socios de gobierno del presidente Antich -los partidos que integran el Bloc y Unió Mallorquina- han tenido mucho que ver en la ‘marcha atrás’ del Govern.
El sentir entre los alcaldes populares -Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Joan- fue otro. Lejos de valorar el fondo de la cuestión -por estar «en desacuerdo con las formas» adoptadas- los primeros ediles del PP lamentaron que no se les consultara a la hora preparar unas medidas proteccionistas que, de aprobarse, afectarían a los municipios de algunos de ellos. Los tres dirigentes del PP coinciden en señalar que el asunto debió ser discutido en el seno del Consell de Alcaldes, constituido recientemente y que -en palabras del propio presidente Tarrés- debía servir para que los ayuntamientos y el Consell Insular trabajaran «al unísono y de forma coordinada».
Desde la izquierda insular, por el contrario, la postura fue de expectación. Tanto el Ayuntamiento de Sant Josep como el equipo de Gobierno del Consistorio de Vila -ambos gobernados por el PSOE-Eivissa pel Canvi- coincidieron en el deseo de que las medidas «se aprueben cuanto antes». En el caso de la capital oficiosa de la isla, las disposiciones afectarían a la zona de ses Feixes des Pratet.
En cuanto a Sant Josep, las medidas postergadas por el Govern contemplaban, entre otras, la salvaguarda de Cala d’Hort.
Pere Palau: El ex presidente del Consell Insular ya alertó 24 horas de la celebración del Consell de Govern la posibilidad de que los «grupos de Mallorca» plantearan problemas al presidente Antich para sacar adelante la votación. Muy gráficamente, Palau definía ayer el máximo órgano de gobierno de la Comunidad como «una jaula de grillos» por la falta de entendimiento entre los seis grupos políticos que lo integran y advertía de que la situación provocada ayer por la disensión entre los socios de Gobierno «pasará más veces». Para Palau, «es una irresponsabilidad y una falta de tacto político anunciar esta medida como gran logro en los medios de comunicación sin haberla madurado y consultado previamente».
Josep Antoni Prats: El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep expresó su deseo de que «al final» el Govern apruebe las medidas protección. Prats consideró que la demora en su aprobación se debió a una cuestión de matices, en lo que al texto de las disposiciones se refiere. «Creo que ha sido por una cuestión de afinar la letra pequeña», indicó. Para el político independentista, las zonas contempladas por el Govern son enclaves «que se han de proteger». Refiriéndose, concretamente, a Cala d’Hort, Prats añadió: «Es necesario llevar a cabo en esta zona una gestión mejor de la que se ha venido haciendo hasta la fecha. Esta bien que el Govern se implique en este sentido».
Virtudes Marí: La portavoz popular en el Ayuntamiento de Vila calificó el hecho de «sorprendente, como mínimo» y aseguró que los hechos han acabado dando la razón a la presidenta del PP de Baleares, Rosa Estaràs, cuando advirtió al presidente Antich de que «su capacidad de decisión dentro del gobierno es más bien escasa». En cualquier caso, Marí insistió en que esta nueva moratoria, anunciada «a bombo y platillo» por el Govern, «no es la mejor opción, porque crea inseguridad jurídica».
José Sala: El primer edil de Sant Antoni, al igual que el resto de sus homólogos y correligionarios, lamentó que una decisión de este calibre se adopte al margen del Consell de Alcaldes de Eivissa y por la vía del decreto-ley (norma con rango de ley emanada directamente del Ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa del Parlamento). «Si esto es participación y consenso que venga Dios y lo vea», dijo Sala, para quien llegó a afirmar que, si algún alcalde puede protestar, sin duda es él, ya que «incluso lo podría hacer por defecto», en alusión a que su municipio queda excluido por completo de las medidas proteccionistas anunciadas y no aprobadas por el Ejecutivo de Antich.
Vicent Marí: El alcalde de Santa Eulària ni siquiera tenía conocimiento a primeras horas de la tarde de ayer de la aprobación fallida del decreto-ley por parte del Consell de Govern y mucho menos del texto definitivo de la nueva norma. Marí especuló sobre la posibilidad de que la decisión final de dejar el asunto sobre la mesa responda que el Ejecutivo autonómico no debe «tener muy clara la fórmula jurídica» para su aplicación. El primer edil de Santa Eulària lamentó también que «nadie haya mantenido contactos previos con los municipios afectados» y, en este sentido, afirmó que «el Govern no cuenta con los ayuntamientos». A la espera de conocer la redacción final, Marí señaló que el decreto-ley no tendría demasiada aplicación en Roca Llisa, tal y como se ha anunciado, ya que el Plan Territorial Insular (PTI) ha establecido todo tipo de restricciones para la construcción en esta zona.
Antoni Marí Marí: «Como alcalde, nadie me ha comentado nada de forma oficial», ha señalado el primer edil de Sant Joan, quien asegura no disponer de más información sobre esta moratoria urbanística que la que recibe a través de los medios de comunicación, «como cualquier otro ciudadano». Antoni Marí también se sumó a las críticas de los alcaldes populares de Eivissa por el intento del Govern de aprobar unilateralmente la normativa «sin contar con la opinión de los ayuntamientos afectados». Su explicación de la no aprobación de la moratoria: «Si ellos mismos lo han echado para atrás, será que no lo deben tener muy claro».
