El Conseller entiende, según explicó a este diario, que todo el procedimiento debe tramitarse con el consenso y el consentimiento de los propietarios de las fincas privadas. De este modo, Grimalt dejó claro que su departamento no realizará ningún tipo de expropiación a quien no quiera vender, pues no está de acuerdo ni es partidario de las «confiscaciones a nadie».
Por lo tanto, el uemita escuchará todas las propuestas de venta que salgan espontáneamente de los propietarios y, tras consensuar una oferta, propondrá al Ministerio de Medio Ambiente su adquisición.
El ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto invertir a lo largo de cuatro años un total de 40 millones de euros en la adquisición de fincas del litoral balear de gran valor ambiental o riesgo de degradación, para protegerlas.
Blindaje constructivo
Al prinicipio, el Gobierno tenía previsto invertir 12 millones de euros. Sin embargo, Narbona amplió la dotación a 40 millones. La vía para adquirir las fincas será la de la expropiación o la de la compra. Después, se incorporarían al dominio público marítimo terrestre; un blindaje ante cualquier tentación constructiva.
La lista no está cerrada pero se habla de Ses Covetes (Campos), Sa Canova, Es Canons y Sa Duaia (Artà), Ses Feixes (Eivissa) o S'Arenal d'en Castell y S'Enclusa (Menorca).
Como consecuencia del anuncio de Narbona, se desató una ola de peticiones, por parte de los ayuntamientos, para que el Ministerio incluyera alguna finca especial de sus respectivos municipios en la lista de adquisiciones.
Desde Manacor, el tripartito PSM-Esquerra-Els Verds pidió al Ayuntamiento que solicitara al Govern la inclusión de varias fincas privadas.
Los 21 concejales de la corporación municipal facultaron por completa unanimidad al alcalde, Antoni Pastor, a iniciar los trámites pertinentes con los propietarios, Govern y Ministerio de Medio Ambiente. A la espera del presupuesto disponible, varias fincas se pusieron sobre la mesa: Cala Varcas, Cala Virgili, Cala Magraner y Cala Petita, entre otras