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Viernes , 9 de noviembre de 2007. Actualizado a las 00:01
 

El peritaje judicial advierte de que algunos proyectos sólo pueden haberse hecho con información privilegiada

ESTEBAN URREIZTIETA

  A D E M A S
 ELMUNDO OPINA: Una amnesia repentina
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PALMA.- Bartomeu Vicens se desmarca por primera vez del escándalo de Can Domenge. El ex conseller de Ordenación del Territorio intenta ahora, tras ser imputado por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales públicos, restar importancia a su actuación en la venta del solar público a mitad de precio. En su defensa arguyó ayer públicamente que no intervino «en el concurso en sí»; que sabe «poco» de él; y que asumió sólo el apartado concerniente a los proyectos, el estrictamente «arquitectónico». Sin embargo, en su huída no ha escogido el camino más despejado. Más bien todo lo contrario.

Se mete de lleno en uno de los apartados contra los que carga con mayor virulencia el peritaje judicial encargado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. En su intento de desmarcarse de las áreas supuestamente delictivas del proceso, Vicens asume como propia una de las más problemáticas a juicio del dictamen independiente encargado por el juez instructor Álvaro Latorre.

Este informe, comandado por el prestigioso arquitecto Pere González Nebreda, no sólo fija el precio real del solar de Can Domenge en 59 millones de euros -el Consell de Mallorca lo vendió por un precio máximo de 30-. Advierte además de la existencia de poderosos indicios de la utilización de información privilegiada por parte de «algunos concursantes». Un extremo sobre el que Vicens, según sus propias palabras, era el máximo responsable, y sobre el que no detectó la más mínima anomalía. El estudio de González Nebreda cuestiona abiertamente que varios de los trabajos presentados pudieran ser realizados en el periodo de tiempo otorgado por la institución insular que presidía Maria Antònia Munar. «Tenemos dudas de que se hayan podido hacer en ese plazo», precisa este técnico en un dictamen que rubricaron otros dos profesionales más: Josep Ferrer Llaneras y Pere Rius. Todos ellos coinciden además en que el plazo «es insuficiente» aun con la prórroga concedida en pleno concurso por Munar. La actual presidenta del Parlament dio inicialmente dos semanas, apenas diez días hábiles, y tuvo que conceder ocho más a la vista del escándalo desatado. Quien abordó públicamente la ampliación de este plazo fue precisamente quien ahora se desmarca. Un sonriente Vicens compareció en la sala de prensa del Consell de Mallorca para anunciar la prórroga y defender la legalidad del concurso a capa y espada. Desde el precio a la total ausencia de viviendas de protección oficial. A lo primero dijo conjuntamente con Miquel Nadal que «no era la importante» y a lo segundo que simplemente no le gustan.

Su sanedrín

Vicens lideró el sanedrín técnico que designó el mejor de los proyectos y bajo su supervisión designó como buque insignia del jurado a Jordi Garcés. Un arquitecto asociado en España con el ganador final del concurso: el francés Jean Nouvel y que no tuvo ningún inconveniente en decantarse por la opción diseñada por su socio. «Es que es la mejor», se justificó quien proyectó la remodelación de la Fachada Marítima valenciana junto a Nouvel.

Pero la implicación de Vicens en Can Domenge llegó a tal punto que negó públicamente la evidencia de que la finca está atravesada de arriba abajo por la acequia protegida d'en Baster. La misma que él protegió a su paso por Son Espases. «Lo que pasa es un ramal secundario que no merece ser protegido», dijo el ex conseller que ahora asegura que sabe «poco» del concurso que investiga la Justicia a instancias del único concursante que ofreció por el solar su precio de mercado: Núñez y Navarro.

 
   
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