Como ya sucediera en el caso de Son Espases, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca(FSM) vuelve a enarbolar la bandera a favor de endurecer las medidas de protección medioambiental. Como ocurriera en la polémica en torno a las obras del nuevo Son Dureta, Armengol está de nuevo en la misma línea que el Bloc. Ayer hubo diversos encuentros entre Armengol, Antich y Barceló en los despachos del Parlament para intentar consensuar una postura común al respecto entre los socialistas para negociar con el resto de formaciones del Pacte. El rechazo de Armengol a esta medida estaría más que fundada en el caso de Palma donde, a fecha de hoy, hay casi 2.000 VPO pendientes de ejecución incluidas en el Plan municipal de Vivienda y que no se han edificado hasta la fecha.
La ventaja que supondría el impulso a estos proyectos sociales es que se trata, en todos los casos, de suelo urbano dentro del interior de la capital, y que no requeriría en la mayor parte de los casos de un cambio de usos.
Entre los proyectos que restan por ejecutar de este plan destaca desde la urbanización del cuartel de Son Busquets donde se podrían construir hasta 850 VPO; Can Simonet: 200 más; hasta 177 en La Soledad; 568 en la reforma o reurbanización de las viviendas de Camp Redó (barrio de Corea) a lo que hay que sumar la construcción de un centenar de viviendas sociales en los terrenos de la vieja cárcel.
Impulso a las VPO
Un número que aunque no liquidaría la necesidad de vivienda a bajo precio, sí que cubriría gran parte de las necesidades existentes al respecto en la capital balear. Además es paradójico que haya sido el Consistorio palmesano liderado por la alcaldesa socialista, Aina Calvo, el que haya impulsado una revisión a la baja de la urbanización de viviendas sociales en Son Busquets a cambio de equipamientos lo que ha paralizado la tramitación de este proyecto.
Ayer el president balear manifestó a este respecto que «se trata de un tema, cuyo debate está «abierto», aunque precisó que «no hay ninguna decisión definitiva».
En este sentido, remarcó que en materia de vivienda todas las instituciones deben «ir a una», porque, en su opinión, «es la mejor forma de servir a los ciudadanos para que puedan tener posibilidades de precios de vivienda asequibles».
El líder de los socialistas de Baleares reconocía así las diferencias existentes en el seno del Pacte respecto a esta idea que no es nueva y que ya la planteó la pasada legislatura el Ayuntamiento de Palma gobernado por el PP.
Fue el equipo de gobierno que lideraba la ex alcaldesa Catalina Cirer el que presentó una alegación al Plan Territorial con la finalidad de construir viviendas sociales en terrenos clasificados como rústicos ante la falta de suelo a precio adecuado para construir viviendas baratas.
Una opción que fue finalmente rechazada por el Consell de Mallorca. Cort proponía la construcción de pisos baratos en terrenos rústicos abandonados incluidos en zona urbana y, que por el crecimiento urbanístico experimentado por la capital balear han quedado encajonados dentro del espacio urbano. El Ayuntamiento de Palma se refería a los terrenos agrícolas que se encuentran en la segunda línea del Molinar, en la calle Capitan Ramonell Boix, en el tramo que enlaza este bario el con Coll den Rabassa, o en el Rafal Nou, en toda la margen izquierda del Torrent Gros detrás del colegio Sant Josep Obrer.
Fincas todas que no tienen utilidad alguna y donde Cort instaba al Consell a permitir la edificación y construcción de VPO, de forma excepcional. Pero esta posibilidad quedó desechada hasta que el president Antich ha vuelto a ponerla ahora sobre la mesa. Pero no sólo Armengol y Joana Barceló se oponen a la reclasificación de suelo rústico para hacer vivienda social.
También organizaciones ecologistas como el GOB se oponen ya que argumentan que hay un 40% de viviendas vacías en Baleares
