EL APUNTE
Los frágiles argumentos de nuestros comecuras

JOAN FONT ROSSELLÓ

No ha sentado nada bien entre nuestros comecuras oficiales la beatificación de los 498 mártires, entre ellos seis religiosos mallorquines asesinados en Barcelona 1936 a manos de estos ejemplares defensores de la legalidad y la democracia que fueron los anarquistas catalanes. Si el periodista neocomunista Rafael Gallego solía adjetivar como «presuntas» las atrocidades cometidas por el Frente Popular, el diario Balears añade ahora la coletilla «según los historiadores». Cuando no niegan las «presuntas» atrocidades que se cometieron, «según los historiadores», en la retaguardia republicana, nuestros anticlericales se dedican a justificarlas. Así, el ínclito Jaume Santandreu nos revela que los «religiosos fueron asesinados porque eran de derechas (...) y porque pertenecían, representaban y simbolizaban a una institución represora de las libertades, como era y sigue siéndolo la Iglesia Católica». Margalida Capellà afirma que la Guerra Civil «también fue una lucha para mantener las prerrogativas de la Iglesia en una sociedad que reclamaba un Estado laico e igualitario». Nicolau Pons dice que, «de no haberse identificado la Iglesia con una de las dos Españas, no hubiera sido tan bárbaramente castigada por la otra España». Ferran Aguiló señala que la Iglesia ofrecía una «coartada ideológica» a los antirrepublicanos al tiempo que le acusa, «desde los púlpitos y los confesionarios, de participar activamente en la política antirrepublicana». En la atmósfera antifranquista reinante en España, primero se han intentado silenciar las atrocidades del Frente Popular; luego, cuando no podían negarlas, se han dedicado a minimizarlas responsabilizando a «grupos incontrolados» –como hace Capellà–; cuando no las han podido minimizar ya sólo queda justificar el Terror rojo apelando a los mismos motivos con los que la propaganda de los años treinta exacerbó los ánimos de las masas revolucionarias alentándolas e instigándolas al exterminio de la Iglesia Católica como enemigo de clase. Eso sí, nuestros comecuras se cuidan muy mucho de lamentar después los asesinatos. Como aprendices de brujo que son, preparan la paja, la rocían de combustible, encienden la mecha y luego acuden raudos a apagar el incendio que ellos mismos han provocado con sus prédicas. En su tentativa de justificar las matanzas de religiosos, su inanidad argumental sólo es trasunto de una falta asombrosa de sentido común. En última instancia, tratan de culpar a una Iglesia en abstracto de lo que les pasó a sus sacerdotes y monjas de carne y hueso porque en el fondo, insinúan, la Iglesia se lo tenía merecido. Veamos cuáles son sus argumentos.

Primer argumento: también hubo sacerdotes víctimas de los franquistas. Por supuesto, pero fueron la excepción y el motivo no fue su fe católica como mancha a extirpar en una lógica totalitaria de aniquilar al enemigo de clase, sino su apoyo al enemigo en tiempos de guerra. Segundo: el Terror rojo fue perpetrado por incontrolados. Falso. Las milicias asesinas fueron armadas por el Gobierno de la República, pertenecían a los mismos partidos y sindicatos que conformaban el Gobierno y la Generalitat que, cuando no miraban hacia otro lado, participaban en la organización de las matanzas, los paseos y las sacas como en Paracuellos. Es más, las autoridades gubernamentales llegaron a convalidar, institucionalizar y oficializar el Terror rojo reorientando –no disolviendo, como hubiera correspondido a un Estado de Derecho con cara y ojos– el sistema de checas de los partidos. Se intentaron acotar las matanzas instaurando los tribunales populares que tampoco detuvieron la represión. Más tarde, con Negrín al frente, se crea el temible SIM al amparo de la policía secreta soviética. El SIM perseguirá, no sólo a los pocos enemigos de clase naturales que quedaban, sino a los propios anarquistas, comunistas no estalinistas y socialistas.

Tercero: la Iglesia apoyó la sublevación franquista. Es dudoso que lo hiciera, aunque tuviera motivos para hacerlo. No hay más que echar una ojeada a la propaganda izquierdista para darse cuenta de lo que se avecinaba. Si la II República fue saludada con la quema de conventos, el golpe de estado de los socialistas en octubre de 1934 –que sólo triunfó en Asturias– y el de Companys en Barcelona despejó cualquier duda del destino que aguardaba a los católicos. Cuando, un año después del estallido de la contienda, los obispos firman la famosa Carta Colectiva apoyando a Franco, la Iglesia había sido exterminada prácticamente en la zona republicana.

Cuarto: en su frenesí enfermizo de politizarlo todo, nuestros comecuras afirman que la Iglesia era «antirrepublicana». Tenía motivos para serlo. De todos modos, si lo fue, no fue más antirrepublicana que los que, ya durante y después de la guerra, se autoproclamaron a destiempo como republicanos cuando su acción política se había encaminado a derribarla, superar la democracia burguesa e implantar la dictadura del proletariado. Los hechos son abrumadores. Los anarquistas sabotearon la cacareada legalidad republicana en repetidas ocasiones antes que Franco. Los socialistas, con el golpe de estado de octubre 1934 y el asesinato de Calvo-Sotelo días antes del alzamiento, también. Y sobre todo, una vez con las armas que el mismo Gobierno les había entregado, los anarquistas, los socialistas y los comunistas consumaron la revolución desbordando por completo el orden legal y democrático. La II República se desplomó en pocas horas, sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales pasaron a los llamados comités revolucionarios que en los primeros meses de la guerra lo controlaron todo. Quinto: la Iglesia apuntaló el régimen de Franco. Obvio.

Es que Franco la salvó literalmente del exterminio. De ahí que no se entienda tanto reproche a una institución que fue una de las principales víctimas de la guerra y a la que apenas se puede recriminar nada por poco que lo comparemos con la actuación de PSOE, UGT, PCE, ERC o CNT-FAI que, al margen de aportar sus propias víctimas inocentes, fueron los máximos responsables del desplome de la legalidad republicana y del Terror rojo que terminó con unas 60.000 víctimas inermes en la retaguardia.

Observación final y conclusión: prácticamente todos los reproches dirigidos a la Iglesia –no saben dónde agarrarse– son pecados de omisión y no de comisión del tipo que si «durante la represión franquista pudo salvar vidas y no lo hizo». No existen apenas hechos incriminatorios, más bien silencios y complicidades de superviviente cuya relevancia, en el marco de las extremas circunstancias de una guerra civil, es siempre muy relativa.