Esta información será evaluada por las Comunidades y consistorios implicados, para poder posteriormente crear un marco de colaboración con el que poder liberar la presión urbanística del litoral y recuperar la funcionalidad física y natural de la franja costera, a partir de un cambio de actitud con el que se gestiona este territorio.
Además, la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, precisó recientemente que se concertarán reuniones bilaterales con las regiones del arco mediterráneo y los archipiélagos --con la estimación inicial de que se realicen todas durante este año-- para concretar las actuaciones a realizar dentro del mencionado espacio de colaboración entre administraciones.
El objetivo perseguido por el Gobierno central es intentar coordinar las políticas urbanísticas --cuyas competencias pertenecen a los ayuntamientos y los ejecutivos autonómicos-- con una orientación más racional del territorio.
La ministra detalló que en este sentido son estas administraciones las que deberán decidir qué actitud tomar, si bien detalló al respecto que el Ministerio ejercerá sus actuaciones en su ámbito competencial que son los terrenos calificados de dominio público. También se mostró favorable a plantear una moratoria urbanística en los terrenos de la franja costera.
Una de las Comunidades Autónomas de los que se ha recopilado la información por parte de varias empresas consultoras es Baleares, y se advirtió del peligro de regresión de las playas del archipiélago según las previsiones manejadas para el año 2050.
