INDALECIO RIBELLES
PALMA.- El
Ayuntamiento de Palma contratará un total
de 5 técnicos para agilizar la tramitación
de los más de 1.000 expedientes de
Inspección Técnica de Edificios que se
encuentran en estos momentos paralizados en
la Concejalía de Urbanismo y pendientes aún
de resolver.
El equipo de gobierno
reforzará el equipo de 2 funcionarios que
hasta ahora se encargaban de estudiar los
informes que se presentaban con un
arquitecto, un arquitecto técnico, 3
administrativos y un becario de la
Fundación Universidad Empresa. Este equipo
será el encargado de resolver todos los
documentos que se presenten sobre el estado
de las edificaciones de Palma de entre 50 y
100 años, que son las que tienen, hasta
final de este año, para obtener el
certificado de calidad en la edificación.
Un total de 5.347 edificios están afectados
durante el presente año por esta ordenanza
de cumplimiento obligatorio. Por ahora
apenas el 20% de este grupo cuenta con este
requisito. El Ayuntamiento de Palma, hasta
la fecha, sólo ha resuelto un total de 84
expedientes del millar de informes que
están en espera, un número ínfimo para la
tarea pendiente que queda por
resolver.
5.400 edificios
afectados
En un primer momento
los profesionales del sector de la
edificación que están capacitados para
firmar un acta de la ITE (arquitectos o
arquitectos técnicos) realizan un
inspección visual que determinará la
presencia, o no, de signos externos que
denoten si hay procesos patológicos que
puedan significar un peligro para terceras
personas. Posteriormente, deben emitir un
informe con las deficiencias detectadas que
deben ser subsanadas por los particulares.
Para ello los interesados deben obtener la
correspondiente licencia de obras y de
reforma. Una demanda que está chocando con
la falta de recursos humanos en la
Concejalía de Urbanismo.
Aunque la
norma no concreta el tipo de sanción que
podría recaer sobre los titulares de los
edificios por incumplir la ordenanza, el
Ayuntamiento puede, una vez transcurrido el
plazo realizar la inspección y encargar a
una empresa privada, vía concurso público,
la ejecución de las obras de
rehabilitación, para posteriormente cargar
el coste de las mismas a los propietarios.
En caso de que haya desprendimientos o
cualquier otro accidente causado por el mal
estado del edificio, los titulares del
inmueble serían responsables y,
subsidiariamente, también el Consistorio
palmesano.
