INDALECIO RIBELLES
PALMA.- La
Comisión de Centro Histórico del
Ayuntamiento de Palma, el máximo órgano
político para la protección del patrimonio
de la capital balear, se ha declarado
«incompetente» para decidir cómo afecta el
proyecto de viviendas de Can Domenge a la
Síquia den Baster declarado Bien de Interés
Cultural (BIC). Esta decisión permite, y da
vía libre, al Consell de Mallorca para
decidir en qué grado afecta esta
urbanización de 600 viviendas, promovida
por la propia institución insular, a este
histórico ramal de la acequia árabe. La
petición realizada a la Comisión de Centro
Histórico para que se pronunciara al
respecto procedía del departamento de
planeamiento de la Concejalía de Urbanismo
que tramita, en estos momentos, el proyecto
de reparcelación de esta polémica
finca.
La Síquia den Baster es un
monumento catalogado dentro del Plan
General que atraviesa de arriba abajo la
parcela de Can Domenge, de 52.200 metros
cuadrados y en la que también se encuentran
dos monumentos modernistas del siglo XIX.
El Consell que tiene en su poder toda la
documentación existente sobre el trazado,
ocultó su existencia en las bases de la
licitación del concurso convocado para su
venta. Por ello ninguno de los proyectos
presentados contemplaba su existencia. La
decisión adoptada por Centro Histórico
tiene repercusiones directas sobre el
futuro de este proyecto de urbanización
que, actualmente se tramita, y que de
ejecutarse en los términos actuales
sepultaría la última acequia árabe de
Palma, aún en funcionamiento.
Hasta
ahora el Consell no podía modificar el
trazado de la acequia, ni permitir ninguna
intervención en este monumento histórico
sin la autorización de la Comisión de
Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma.
Un organismo que renuncia a ejercer
cualquier acción al respecto aludiendo a
que las competencias en Patrimonio,
principalmente cuando afecta a un BIC, las
tiene delegadas la administración que ahora
preside la socialista Francina Armengol.
Un cambio total de parecer frente a
lo que ocurría en la pasada legislatura, o
en otra serie de obras y proyectos donde
está en juego la defensa del patrimonio de
la capital, y en los que este organismo sí
que emite el correspondiente informe
vinculante.
Una comisión sin
oposición
La decisión de la
Comisión de Centro Histórico se produce,
además, apenas un mes después de que el
equipo de gobierno del Pacte procediera a
excluir a los representantes del único
partido de la oposición (PP) de este
organismo a fin de evitar en lo posible
cualquier polémica sobre las decisiones
adoptadas.
Durante la pasada
legislatura el PP tuvo que adoptar medidas
especiales de protección sobre la Síquia
den Baster, especialmente a su paso por La
Real y por la finca de Son Espases Vell.
Fue a instancias del propio Consell,
dirigido por Munar, y en respuesta a la
presión social ejercida por los partidos
que ahora conforman el Pacte de Progrés y a
los colectivos antihospital.
En 2005 el Pleno del Consell de
Mallorca aprobó declararlo Bien de Interés
Cultural (BIC), con la categoría de
monumento, una obra de ingienería de
interés «histórico-industrial y
etnológico». Para este conjunto, compuesto
por la acequia, molinos y otros elementos,
el Consell propuso una protección de cinco
metros a cada lado del ramal principal,
donde se encuentra la acequia y, en los
ramales secundarios, una protección de tres
metros.
El equipo de gobierno de la
ex alcaldesa Catalina Cirer (PP) sólo dio
visto bueno al nuevo hospital de Son Dureta
en Son Espases con la prescripción de que
se respetara este radio de protección. Sin
embargo este hecho no aparece recogido en
el proyecto ganador del concurso de Can
Domenge ya que el Consell de Mallorca no
contempló la existencia de esta acequia en
su urbanización.
Por ello el
proyecto de Sacresa y Ferratur no recoge
esta histórica red hidráulica, una
deficiencia que hasta la fecha continúa sin
corregirse. Ahora será, únicamente, el
Consell el que decida al respecto. Por si
fuera poco esta decisión de Cort se produce
cuando los tribunales no han decidido aún
sobre la querella criminal interpuesta por
Núñez y Navarro contra la ex presidenta de
la administración, Maria Antònia Munar por
adjudicar este terreno público en concurso
a mitad de precio, ni resuelto la media
docena de contenciosos interpuestos contra
esta decisión.
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