M.
H.
EIVISSA.- Sólo dos años
después de que el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Baleares anulara el
decreto del entonces alcalde de Eivissa,
Xico Tarrés, de modificación del escudo
oficial de la ciudad, el ahora presidente
del Consell Insular podría enfrentarse a un
nuevo contencioso por reincidencia al
comenzar a utilizar una heráldica nueva en
la máxima institución insular sin haber
respetado lo establecido en la legislación
vigente. El Partido Popular en el Consell
Insular ha anunciado medidas contra la
modificación del escudo insular sin haber
obtenido previamente el beneplácito del
Pleno de la institución (requisito
establecido por ley). Tarrés, por su parte,
hizo coincidir el miércoles el balance de
sus primeros '100 días' de gobierno con la
nueva imagen de la institución que preside,
pese a que ya en 2005, los jueces le
advirtieron que ninguna ley contempla lo
que el concejal de IU Santiago Pizarro
denominó en su momento «la imagen de marca
del equipo de gobierno».
El pasado
mes de junio y en su toma de posesión como
presidente del Consell, Tarrés se apresuró
a anunciar su voluntad de encargar al
Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) un
estudio de la simbología de la máxima
institución ibicenca, una voluntad que sólo
tardó un mes en hacer realidad con la firma
de un convenio en el que se fijó un
presupuesto de 3.000 euros para la
redacción de la memoria de razones de la
modificación y el diseño del nuevo escudo.
El IEE completó su dictamen el pasado 18 de
septiembre y anteayer (pocas horas antes de
su presentación oficial en rueda de prensa)
la heráldica encargada por Tarrés ya había
sido colgada en la página web del
Consell.
Sin embargo, el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales y
conforme al Decreto autonómico 7/1998, de
11 de febrero, establece que la
modificación del escudo precisa de acuerdo
del Pleno de la institución y cumplimiento
de una serie de trámites, como la
información pública y la aprobación por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Salvo la memoria de razones justificativas
de la modificación, elaborada por el IEE,
ninguno de estos preceptos han sido
cumplido por el equipo de Gobierno del
Consell Insular.
Tarrés ya fue
obligado por sentencia judicial a
rectificar su modificación de la heráldica
municipal del Ayuntamiento de Vila cuando,
en noviembre de 2002 y como alcalde, aprobó
por decreto una imagen simplificada del
escudo en la que éste aparecía flanqueado
por las letras A y E. Tarrés negó haber
modificado el escudo original aprobado en
1981, ya que -según aseguró- se trataba
simplemente de elaborar una imagen visual y
un logotipo «modernizado y estilizado»,
distinta del escudo oficial. Los jueces del
TSJ de Baleares no estuvieron de
acuerdo.
La sentencia, fechada el 15
de abril de 2005, señalaba que esa nueva
imagen visual es «un escudo, diferente al
oficial, pero un escudo». El tribunal
rechazó igualmente los argumentos
esgrimidos por el concejal Pizarro que
llegó a afirmar en un pleno que se trataba
de «la imagen de marca del equipo de
Gobierno», cuando no existe en el ROF
referencia alguna a una imagen de marca del
equipo de gobierno y -como indicaba la
sentencia- «mucho menos cuando consiste en
la utilización modificada del escudo de la
ciudad».
Al igual que ocurrió antes
con la modificación aprobada en el
Ayuntamiento, el Consell Insular de Eivissa
tiene en estos momentos dos símbolos
oficiales, un supuesto de coexistencia de
dos escudos que es disconforme a derecho,
ya que la modificación de la heráldica de
una institución debe hacerse conforme a los
trámites establecidos en el ROF y una vez
obtenida la preceptiva autorización de la
Comunidad Autónoma.
El ex presidente
del Consell Insular y actual portavoz del
grupo de consellers del Partido Popular,
Pere Palau, solicitó ayer mismo al
presidente Tarrés un informe jurídico para
conocer la tramitación y el órgano
competente para proceder a la aprobación de
los nuevos símbolos institucionales.
Consciente de que Tarrés ha incumplido la
normativa, Palau recuerda al presidente que
la heráldica ha sido presentada
oficialmente sin haber sido aprobada
previamente y señala que las prisas del
actual equipo de Gobierno por modificar el
escudo no responde a «una demanda social
evidente» para cambiarlos de una «manera
tan urgente y precipitada», cuando, además,
«existen prioridades de mayor
necesidad».
