JUAN RIERA ROCA
PALMA.- A unas
horas ofrecían servicio de restaurante en
la turística Alcúdia. A otras, ofrecían
cartas de identidad italianas falsas, que
vendían entre 1.000 y 1.500 euros. Con
estas cartas se pueden obtener certificados
de residencia y normalizar una situación
ilegal. La Operación Espiga, se ha saldado
con 17 detenidos en toda España.
Casi
seis meses han trabajado en este caso
funcionarios del Grupo II de la Unidad
Contra las Redes de Inmigración y
Falsedades Documentales (Ucrif) de la
Jefatura Superior de Policía de Palma,
hasta desarticular la ramificación en
España de una organización internacional
dedicada a la falsificación de cartas de
identidad italianas.
Las
investigaciones se iniciaron el pasado 29
de mayo con la detención del ciudadano
argentino Juan Martín E., de 34 años, por
un presunto delito de falsedad documental,
cuando trataba de obtener un Certificado de
Residente Comunitario con una carta de
identidad italiana falsa. Sería la primera
intervenida de las generadas por esta
red.
El ciudadano italiano Alberto
F., de 49 años de edad, residente en la
localidad de Alcúdia, fue identificado como
la persona que presuntamente facilitó la
carta falsa a Martín E., que le habría
pagado por ello 1.200 euros. Y se comprobó
que Alberto había recibido el documento
falso por vía postal desde
Italia.
Días después fue detenido
otro ciudadano argentino, Eduardo Javier
S., de 34 años, en posesión de documentos
falsos. La Policía averiguó que la persona
que le habría facilitado la carta de
identidad italiana falsa trabajaba de
cocinero en un restaurante en el Port
d'Alcúdia, profesión coincidente por la
ejercida por el Alberto F.
Y
siguieron las detenciones. El 2 de julio
fueron arrestados otros dos argentinos,
Esteba R. y Pamela Gisela G., de 28 y 22
años de edad respectivamente, también en
posesión de documentos falsos. En este
caso, el sospechoso de facilitar las cartas
de identidad italianas falsas, fue un tal
Héctor César B.
Héctor, según
averiguó la Policía, había estado
trabajando en el mismo restaurante de la
localidad de Port d'Alcúdia en el había
prestado servicios con anterioridad Alberto
F. Además, su permiso de residencia
comunitario tampoco era regular: había sido
obtenido con una carta de identidad de
Italia que figuraba como
sustraída.
La Policía investigó
entonces el entorno familiar de Héctor
César B. a consecuencia de lo cual se
averiguó que dos de sus familiares habrían
regularizado su situación en España
mediante cartas de identidad de Italia que
figuraban también como «sustraídas,
extraviadas o apropiadas indebidamente»,
siempre según informa la
Policía.
Quedó en evidencia entonces
que los hechos objeto de investigación
estaban relacionados con la actividad de un
grupo organizado dedicado a la
falsificación integral de cartas de
identidad de Italia y a la sustracción de
documentos originales en blanco en
organismos italianos para su manipulación
posteriormente de forma falsaria.
El
siguiente paso fue controlar
exhaustivamente los posibles destinos de
esos documentos sustraídos. Esto dio como
resultado la localización en diferentes
puntos de España de ciudadanos extranjeros
en posesión de estos documentos y que
habían utilizado cartas de identidad
italianas sustraídas en blanco.
Se
averiguó también que varios ciudadanos
extranjeros habrían obtenido permisos de
residencia comunitarios presentando en el
trámite de solicitud cartas de identidad de
Italia con números coincidentes, por lo que
necesariamente habrían de ser falsas, al
ser imposible que un documento oficial
repita el número de otro.
En el
desarrollo subsiguiente de las diligencias,
entre los días 9 y 11 de octubre, se detuvo
a 13 personas que se encontraban en
posesión y habían utilizado cartas de
identidad sustraídas, como autoras de un
delito de falsedad documental y por
infracción de la Ley de Extranjería (al
regularizar su situación con documentación
falsa).
En el transcurso de la
investigación se han efectuado dos entradas
y registros en el domicilio de Alberto F. y
en un restaurante del que es propietario,
realizándose igualmente inspecciones en
otros locales en los que habían estado
trabajando las personas investigadas en la
trama de falsificación de documentos.