E. FUERIS/E.COLOM
INCA.-La
paciencia tiene un límite. Como también lo
tienen, por lo que parece, los derechos de
los inmigrantes que residen en Inca. Las
denuncias de los afectados han aflorado y a
los tres años de espera que la lentitud
burocrática de los juzgados interpone entre
ellos y el inicio de los trámites de
nacionalización, algunas voces de las
asociaciones de inmigrantes de la capital
del Raiguer suman un trato vejatorio del
personal de los juzgados para con la
población extranjera que desea obtener la
doble nacionalidad y cumple todos los
requisitos legales para ello.
En Inca
existen dos asociaciones de inmigrantes
legalmente constituidas: la argentina y la
chilena, que representan a un total de 778
ciudadanos extranjeros residentes en la
localidad, 617 argentinos y 161 chilenos.
El presidente de la asociación argentina,
Ramón Martínez, no tiene reparo alguno en
calificar la situación de «desastrosa» y
tachar esta inexplicable demora de
«negligencia administrativa».
Falta de personal
La
exasperante lentitud con la que los
juzgados tramitan la nacionalización
española lleva tiempo siendo denunciada por
compatriotas y sufridos compañeros
foráneos. De hecho, Ramón se entrevistó
hace seis meses con la jefa encargada del
registro de los juzgados para tratar esta
problemática. La respuesta que le dio la
funcionaria es que los juzgados de Inca «no
tienen suficiente personal para atender a
tantos inmigrantes» (en la actualidad Inca
cuenta con 5.637 extranjeros censados, casi
un 19% de la población).
La
explicación de la jueza no ha satisfecho al
presidente de la asociación argentina de
Inca, municipio que a su juicio cuenta con
«solvencia para disponer de al menos uno o
dos administrativos más en los juzgados».
Mientras esta situación no se resuelva,
Ramón considera que perpetuando este atasco
burocrático «se está dividiendo a la
población y marginando a los sectores
inmigrantes».
La situación es más
acuciante si cabe si se tiene en cuenta que
muchos compatriotas de Ramón no se atreven
a cruzar el charco ante semejantes trabas,
lo cual «les produce temor a la
repatriación».
Las quejas por la
lentitud administrativa no era el único
objeto del encuentro. Ramón también
denunció el trato vejatorio de personal del
juzgado hacia población inmigrante y del
cual ha sido testigo.
«Parece que se
nos atiende por obligación», afirma. Sin ir
más lejos, Ramón presenció como una
funcionaria espetaba a un ciudadano
marroquí que por qué no se quedaba en su
país, ante las demandas de éste para
agilizar los trámites de
nacionalización.
En términos
similares se expresa el vicepresidente de
la asociación chilena, Manuel Muñoz, quien
consideró «demasiado» el tiempo de
tramitación de los papeles para obtener la
nacionalidad. Muñoz asegura que el
colectivo chileno no se ve tan perjudicado
por la ralentización de los trámites ya
que, «de momento», no son tantos los
compatriotas suyos que se animan a dar el
paso para obtener la nacionalidad. Sin
embargo, sí denuncia que la situación dista
mucho de ser ideal y que todavía hay muchos
problemas a la hora de obtener «papeles».
El tesorero chileno, Ricardo Chaves,
califica el tiempo de espera de «excesivo»,
algo «incomprensible» a su juicio teniendo
en cuenta que «Chile fue colonia española y
todos tenemos algo de español». Un
argumento que apela a lo visceral y que
poco tiene que ver con la fría muralla
burocrática que, como ayer denunció este
diario, aguarda a los inmigrantes en su
cita con el Registro Civil de Inca.
