E. COLOM / M. A. RUIZ
PALMA.- El
Partido Popular ha decidido personarse como
parte acusatoria en la causa abierta en el
Juzgado de Instrucción número 1 de Palma
por la que se investigan los presuntos
delitos de malversación de fondos públicos,
prevaricación y falsedad documental en el
caso conocido como La Piñata de
Munar.
Se trata de un escándalo
destapado por este diario y denunciado por
un grupo de ciudadanos que gira en torno al
reparto millonario de subvenciones públicas
provenientes del Consell a asociaciones
controladas por dirigentes de UM y del
propio Consell, y otorgadas, según ha
certificado recientemente la Sindicatura de
Comptes, de forma recurrentemente
irregular.
La Junta Insular del PP de
Mallorca acordó el pasado lunes adoptar
esta medida judicial. Un acuerdo que fue
ratificado en el Comité de Dirección del
partido, reunido el martes, y que según
fuentes de la formación ha sido acogido de
buen grado por las bases y buena parte de
la cúpula. El objetivo, señalaron ayer las
mismas fuentes, es llegar hasta las últimas
consecuencias para aclarar este escándalo
protagonizado por el partido de Munar y
esclarecer las posibles responsabilidades
penales.
Con este posicionamiento,
los populares varían diametralmente
su actitud ante el que constituye sin duda
uno de los capítulos más oscuros en la
gestión que sus ex socios de UM mantuvieron
al frente del Consell durante la pasada
legislatura.
Los
beneficiarios
No en vano, el PP
fue el único partido -obviamente junto a
UM- que se opuso a la creación de una
comisión de investigación que arrojara luz
sobre el reparto de subvenciones. Lo hizo
mientras gobernaba el Consell junto a los
mallorquinistas. Su secretario general,
José Maria Rodríguez, incluso llegó a
manifestar públicamente en enero de este
año que «las ayudas están bien concedidas».
Una opinión que el portavoz popular
en el Consell, Fernando Rubio, había
secundado meses antes, cuando el PP fue el
único grupo que no celebró que la Fiscalía
interviniera en la investigación judicial
de La Piñata.
Sea como fuere, lo
cierto es que los acontecimientos
electorales, que han llevado al PP a los
bancos de la oposición, han cambiado la
estrategia del partido con respecto a sus
socios. Máxime después de las últimas
revelaciones publicadas en primicia por
este diario.
En este sentido, cabe
recordar que la propia Sindicatura de
Comptes ha certificado que cientos de miles
de euros públicos otorgados por el Consell
en forma de subvención en los años 2004 y
2005 no han sido justificados adecuadamente
y por tanto deben ser devueltos a las arcas
de la institución insular.
Entre los
beneficiarios de estas ayudas se encuentran
la Asociación de Actividades
Socioculturales de Mallorca (dirigida por
dos candidatas de UM al Ayuntamiento de
Campos), el Centro Cultural de Campos (de
cuya junta directiva formaba parte el
entonces director insular de Cultura del
Consell, Guillem Ginard), la Asociación
para la Conservación y Difusión del
Patrimonio Acidep (dirigida por dos
candidatos de UM a Cort, Joan Carles
Chavarría y Bartomeu Ferragut, hoy asesor
del Ayuntamiento), la Asociación de
Sociedades de Cazadores de Mallorca
(controlada por el ex conseller Miquel
Àngel Borrás ha través de varios cargos de
su partido) y la Asociación Agrícola y
Ganadera Fora Vila.
Entre los
pseudopayeses que dirigían esta
última entidad se encuentran el entonces
director de Relaciones Institucionales del
Consell Josep Lliteres (hoy director
general de Calidad Ambiental del Govern),
el concejal de UM en Calvià Isidre Cañellas
(hoy director general de Recursos Hídricos
del Govern), el representante de UM en el
Consejo de Administración de IB3, Bartomeu
Frau, y el alcalde de Banyalbufar, Mateu
Ferrà, entre otros. El presidente de la
asociación, Miquel Artigues, aprovechó
parte de estas subvenciones para hacer
obras en su despacho profesional.
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