En estas mismas páginas nos preguntábamos ayer por el paradero del Govern que preside Francesc Antich que se está mostrando incapaz de encararse con las consecuencias más dramáticas del temporal del pasado jueves. Desde el Govern y, más aún, desde los departamentos directamente implicados en la gestión de la crisis del tornado, se están dando palos de ciego. Una actitud que ha sumido en el desconcierto a los empresarios de Can Valero. La crisis no se zanja sólo con la presentación de las ayudas a los afectados por la tormenta y sanseacabó. La zona cero de la tempestad sigue en estado lamentable, con el añadido de la contaminación por amianto que, poco a poco, se va desprendiendo de la uralita que permanece amontonada a la espera del milagro de la recogida. Esta no es tarea de unos empresarios y unos trabajadores que la están almacenando en contenedores inadecuados y manipulando sin protección alguna. ¿Dónde está la Conselleria de Trabajo que debe velar por la seguridad de quienes están en el tajo? Llega con seis días de retraso. El Govern debe poner en marcha cuanto antes la compleja operación de descontaminación de la uralita tal como se prevé en el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo. Que seis días después de la catástrofe el director general de Calidad Ambiental, Josep Lliteres, lo único que se haya atrevido a balbucear es que «abriremos un expediente informativo» es de traca. Consecuencia de esta lamentable improvisación es que el Ayuntamiento de Palma haya contratado con la prisas a una empresa denunciada por vertidos ilegales para retirar la uralita de Can Valero. Ni Cort podía tomar esta decisión y menos aún la empresa Adalmo manipular el amianto. Señores, hay que espabilar.