Los hechos son de sobra conocidos. Según
el proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado para 2008, la inversión
regionalizable per cápita en Baleares -281
euros- se sitúa a la mitad de la media de
inversión en las 15 autonomías de régimen
común (todas menos Navarra y el País
Vasco), media situada en 546 euros per
cápita. Números que incumplen la
disposición transitoria novena del nuevo
estatuto balear aprobado por el Congreso de
Diputados en febrero. Pese al incremento
respecto a 2007 -cuando la inversión fue de
217 euros per cápita- continuamos en la
cola en inversión y a considerable
distancia del penúltimo. Es más, de haber
aplicado los criterios de catalanes y
andaluces -PIB regional y población,
casualmente los criterios que más les
favorecen- nos habrían tocado 618 y 544
euros de inversión por habitante.
Sin embargo, el consejero de
Economía, Carles Manera, insiste en
afirmar que Solbes sí ha cumplido
con la disposición estatutaria. ¿Cómo es
posible? Tras aseverar que estos números no
son «comparables», Manera arguye que el
criterio para poder compararlos consiste en
descontar en el resto de autonomías todas
las inversiones en carreteras y tren -que
casualmente son las más importantes- al
tiempo que no las descuenta a Baleares
-incluye los convenios de carreteras-.
Manera lo llama «inversión homogeneizada».
De este modo la inversión media per cápita
de las quince autonomías baja de los 546
euros a que nos referíamos antes a menos de
la mitad, 257 euros, menos que nuestros 281
euros. Conclusión: Zapatero sí
habría cumplido el mandato estatutario.
La famosa disposición estatutaria
reza lo siguiente: «la inversió de l'Estat
s'establirà atenent la inversió mitjana per
càpita realitzada a les comunitats
autònomes de règim comú, determinada
d'acord amb la normativa estatal,
homogeneïtzant les actuacions inversores
realitzades en aquestes comunitats
autònomes per a permetre'n la
comparabilitat (...)». Como ven, una
auténtica chapuza jurídica -enhorabuena a
sus redactores- que ha permitido a Manera y
a Solbes -y antes, a Matas-
interpretar esta «inversión homogeneizada»
como más les ha convenido, es decir,
siguiendo, como hemos visto, el criterio
que más perjudica a Baleares y más favorece
a Solbes y a Zapatero. ¿Por qué en vez de
esta interpretación Manera no ha
interpretado la disposición anterior como
una inversión adicional del Estado al
margen de los PGE, tal como creían los
Matas, Antich o Munar cuando aprobaron el
nuevo estatuto? ¿Por qué Manera no
homogeneiza y hace
comparables estas inversiones
cuantificando todas -no sólo algunas- las
inversiones del Estado -incluyendo las de
carreteras y tren- en todas las comunidades
de régimen común, un criterio, sin duda,
mucho más ecuánime que el utilizado por
Manera? Es cierto que en Baleares el Estado
no tiene competencias en carreteras y
transporte público -craso error el
nuestro-, pero precisamente para compensar
este hecho es por lo que nos aventuramos
todos juntos con un nuevo Estatut cuyo
espíritu era corregir esta exclusión
mediante convenios de carreteras y
ferroviarios firmados con el Estado con el
fin de paliar nuestra deuda
histórica en infraestructuras. La
inversión homogeneizada de Manera es
un fraude que se ríe del espíritu
estatutario y que reconoce tácitamente que
nuestros convenios son un regalo del
Gobierno Central, masacrándonos -cuando lo
que pretendía el estatuto era lo contrario-
por el tremendo error de haber aceptado en
el pasado las competencias de carreteras y
tren.
Los sofismas de
Araujo. El sábado pasado Diario de
Mallorca publicaba un artículo del
catedrático Joan Oliver Araujo donde
defendía a Aina Calvo por
discriminar a los centros privados en las
ayudas de Cort para los libros de texto.
Tres son los argumentos de Araujo para
defender que Cort sí ofrezca esta ayuda a
los alumnos de los centros públicos y los
privados concertados y, en cambio, la
niegue a aquellos que han elegido un centro
privado no concertado. Según Araujo, «quien
por su libre voluntad rechaza un servicio
público, luego no puede exigir una ventaja
concreta que se da a los alumnos que sí
hacen uso de aquel servicio público». El
sofisma consiste en creer que «esta ventaja
concreta» -las ayudas de libros- sólo va
dirigida -o normativamente, tiene que ir
dirigida- a los centros públicos. ¿Por qué
debe ser así? Catalina Cirer y
Carlos Delgado han concedido estas
ayudas indistintamente a los públicos y a
los privados, desmintiendo la falacia de
que la educación pública y concertada debe
ser sufragada completamente por el Estado y
la privada completamente por los padres. En
realidad, nunca ha sido así en aspectos
como actividades extraescolares, los mismos
libros de texto hasta ahora, transporte
escolar...
Continúa Araujo su alegato
afirmando que la medida de Calvo no supone
ninguna «discriminación» sino una
«desigualdad no discriminatoria» ya que «la
discriminación es tratar de forma desigual
supuestos de hecho iguales». Araujo acierta
en su definición de discriminación pero cae
en el puro voluntarismo al asumir la
existencia de unos supuestos de hecho
desiguales que él vincula al tipo de
centro escogido que pondría a «las dos
clases» de alumnos en «una posición
diferente». ¿Y por qué ver «supuestos de
hecho desiguales» como hace él y no ver
«supuestos de hecho iguales» considerando
que a fin de cuentas lo primordial es el
servicio educativo que se ofrece y no tanto
si quien lo ofrece está en manos públicas o
privadas? Araujo asevera por último que la
universalización de las ayudas no es
obligatoria para un Estado social -los
recursos no son infinitos- que debe ayudar
a los más pobres, que él identifica con los
usuarios de la escuela pública. Tomándole
la palabra, un Estado social de corte
subsidiario como el que defiende Araujo
sólo debería ayudar a aquellos padres que
verdaderamente lo necesitaran y que
pudieran demostrar estas necesidades. Este
es el único criterio válido, no
encasillarte falazmente como rico si
llevas tus hijos a un privado -aunque hagas
un esfuerzo importante porque crees que la
instrucción vale la pena- y como
pobre a un público -aunque te gastes
el equivalente a la factura del privado en
cenas-. Si la propia consejera de Educación
afirma que su gran objetivo será «recuperar
el prestigio de la escuela pública» está
invitando a los padres responsables a
llevar a sus hijos a la privada. Calvo está
penalizando a los padres más
responsables.
