MARIONA CERDÓ
PALMA.- «Es una pena
porque era una fórmula que había dado
frutos y no creo que puedan escatimarse
recursos para luchar contra la violencia
doméstica». Así reaccionó ayer la ex
consellera de Presidencia Rosa Puig a la
noticia de la disolución de la Fundación
contra la Violencia Doméstica, un organismo
creado por el anterior Govern que había
conseguido recaudar al menos 200.000 euros
entre empresas privadas con el objetivo de
desarrollar políticas contra los malos
tratos.
Según Rosa Puig, que
actualmente representa al PP en el Consell
de Mallorca, «habrá programas que se
quedarán en el cajón» tras la supresión de
la fundación, que según su punto de vista
era un «buen instrumento» para conseguir
aportaciones económicas de empresas
privadas.
La concepción de Puig es
muy distinta a la que ha llevado a la
actual consellera de Asuntos Sociales, Fina
Santiago, a tomar la decisión de eliminar
la fundación. Según el criterio de
Santiago, una institución pública, en este
caso el Institut Balear de la Dona, no
puede depender de donaciones privadas para
desarrollar políticas contra uno de los
principales problemas de la sociedad
actual. Siguiendo con este razonamiento, la
consellera opina que el Govern debe ser
capaz de aportar una partida presupuestaria
suficiente para combatir la violencia
doméstica y en caso de no disponer del
dinero ha de poder endeudarse al igual que
lo hace para garantizar otros servicios
básicos de la ciudadanía.
Un punto de
vista que Puig combate argumentando que la
fundación no asumía competencias del
Institut de la Dona sino que servía para
«sumar» y aportar recursos de los que la
Administración autonómica no
disponía.
Además, según Puig, la
existencia de la fundación servía para
concienciar a la sociedad de que la lucha
contra la violencia doméstica es algo de
«todos» y no sólo de la Administración
pública.
En cambio, la presidenta del
Lobby de Dones, Francesca Mas, se mostró en
declaraciones a este periódico «contenta»
por la supresión de la fundación porque «la
política en contra de la violencia
doméstica debe ser pública». Según su punto
de vista, coincidente en muchos aspectos
con el de Santiago, «las fundaciones deben
estar creadas por empresas privadas y no
públicas, porque existe un peligro de
incumplimiento de la Ley de contratos» y su
funcionamiento se mezcla con «beneficios
fiscales». «Las políticas públicas activas
no se deben hacer de este modo»,
sentenció.
Por su parte, la
presidenta de la Federación de Asociaciones
de Amas de Casa, Dolors Alemany, se mostró
contraria a la supresión de la fundación al
entender que «todo lo que sea eliminar
ayudas es negativo». «Cualquier tipo de
aportación es bienvenida y me da la
sensación de que este Govern no aporta nada
y sólo se dedica a restar».
Tal y
como ya informó ayer este periódico, la
disolución de la fundación aún no es
oficial, pero lo cierto es que las oficinas
de este organismo ya se han integrado en
las dependencias del Institut Balear de la
Dona (IBD).
De hecho, la directora
del Institut de la Dona, Lila Thomàs, ha
remitido una carta a las empresas que
habían hecho aportaciones a la fundación
comunicándoles su decisión y deseando que
puedan seguir colaborando con la
Administración balear a través de otras
vías.
