PALMA.-El Grupo Parlamentario de UM ha
registrado en el Parlament una Proposición
de Ley del Suelo en la que se eleva del 10
al 15% la cantidad de terreno que los
promotores deberán ceder en cada solar que
urbanicen a los ayuntamientos para la
construcción de vivienda de protección
pública, además del 30% que ellos tienen
obligación de reservar para este tipo de
vivienda.
El portavoz de UM, Bartomeu
Vicens, aseguró que esta ley forma parte
del acuerdo de gobierno y que, por tanto,
no es una ley «en paralelo» a la anunciada
por el presidente del Govern, Francesc
Antich. Aunque subrayó que se trata de un
texto «cerrado y firmado», afirmó que UM
aceptará enmiendas del resto de
grupos.
La aprobación de esta
propuesta, informa Europa Press,
convertiría a Baleares en la primera
Comunidad Autónoma en adaptarse a la nueva
Ley estatal del Suelo y terminaría, dijo
Vicens, con la «confusión e inseguridad
jurídica» que se desprende de la existencia
de más de una veintena de normas de
regulación urbanística. Cabe recordar que
en la pasada legislatura UM bloqueó la
tramitación del proyecto de Ley del Suelo
del PP. Vicens calificó la ley de UM como
«completa y clara» y explicó que entre sus
principales novedades se encuentra el
situar la sostenibilidad como criterio
clave del desarrollo urbanístico y la
transparencia y la participación ciudadana
como elementos centrales de la gestión en
este ámbito. En concreto, apuntó que para
aprobar los planes urbanísticos municipales
será obligatorio la incorporación de un
informe de sostenibilidad -criterios de
protección del entorno, suficiencia del
suministro hídrico, etcétera- y otro
medioambiental, sobre el que se tendrá que
llevar a cabo un seguimiento y una
supervisión. «La elección de las áreas de
crecimiento, que hasta ahora era
discrecional, se deberá justificar y
evaluar si es posible», aclaró. Asimismo,
la Proposición incluye la figura del
patrimonio público del suelo, implantada
por la Ley estatal y que supondrá la
imposibilidad para los consistorios de
canjear ese porcentaje de suelo de cada
promoción urbanística por una compensación
económica. «Obliga al ayuntamiento a
recibirlo de manera neta, sin coste de
urbanización», indicó.
Según Vicens,
además de simplificar de manera
significativa los procedimientos
administrativos, incide en el cumplimiento
de la disciplina urbanística y apuesta por
la cohesión social, al favorecer la
dispersión de las viviendas protegidas por
todas las nuevas construcciones.
Finalmente, el diputado de UM Josep Melià
explicó que la ley no incorpora la figura
del agente urbanizador, reservando esta
labor a la administración en caso de
conflicto entre distintos propietarios de
un solar, y sí mantiene el sistema
tradicional de juntas de cooperación y de
colaboración con los ayuntamientos.
