El Pacte de Cort empieza a mirar con
avidez las arcas municipales y quiere
llenar las alforjas. Los 30 millones de
euros extra que le otorgará a Palma el
próximo año el Govern balear a costa de la
Ley de Capitalidad no le bastan al nuevo
equipo de gobierno para cubrir sus
necesidades tan sólo cuatro meses después
de estrenar legislatura.
Un mandato
que el hexapartito empieza con Palma
situada entre las 10 ciudades españolas con
menor presión fiscal y que habrá que ver en
2011, cuando concluya la legislatura qué
herencia se deja a los que vengan. Según un
estudio municipal la capital balear era en
2005 la número 44 en presión fiscal, de 53
ciudades contabilizadas quedando sólo por
debajo las ciudades con régimen foral,
Ceuta y Melilla, Madrid (al contabilizar el
área metropolitana), Gerona, Pontevedra y
La Coruña.