M. A. RUIZ
PALMA.-Que un militar
de alta graduación insulte a un subordinado
y a su mujer no es motivo de sanción. Al
menos así lo sostiene la subsecretaria del
Ministerio de Defensa, Victoria San José
Villace, quien ha decidido archivar la
denuncia interpuesta el pasado mes de abril
por el capitán de corbeta Pablo Avanzini
González-Llanos, contra el capitán de
fragata Ricardo Álvarez Maldonado por
lanzar graves descalificaciones contra él y
su esposa a través de varios correos
electrónicos.
Los hechos se remontan
a agosto de 2006, cuando Pablo Avanzini
llegó a la isla junto a su esposa, Isabel
Pascual del Pobil, y sus tres hijos,
destinado como jefe de Órdenes de la Base
Naval de Porto Pi. Sin embargo, el entonces
delegado del Instituto de la Vivienda de
las Fuerzas Armadas (Invifas) en Baleares,
Manuel Rivas, se opuso a que ocuparan el
pabellón militar que tenían asignado en la
base desde el 4 de abril, alegando que
había que hacer obras en el inmueble que se
prolongarían durante varios
meses.
Tras permanecer alojados
provisionalmente durante un mes en la isla,
Isabel Pascual decidió ocupar el pabellón
junto a sus tres hijos el 30 de agosto. Al
día siguiente, Rivas se presentó en la
casa, instó a la familia a que la
desalojara con amenazas -«¡os vais a dormir
a la calle!»- y ordenó a un empleado quitar
la cerradura, tal como fue denunciado en su
día ante los Juzgados.
A raíz de este
incidente, el anterior ocupante de la
vivienda, el capitán de fragata Ricardo
Maldonado, remitió una serie de correos
electrónicos insultantes a Pablo Avanzadi,
con copia dirigida a todos sus compañeros
de promoción. El motivo era que Isabel
deposito junto a la puerta, en el interior
de la vivienda, varios enseres de Maldonado
para que pasara a recogerlos su
esposa.
«Es absolutamente
impresentable, maleducada e indigna vuestra
conducta. Ni me contestes!!!», rezaba el
primero de estos mensajes remitido por el
capitán de navío el 14 de septiembre.
Antecedentes
Dos
semanas después, Maldonado enviaba otro
correo con descalificaciones al nuevo jefe
de Órdenes de la Base en el que le hacía
responsable, falsamente, de las
informaciones publicadas en EL MUNDO sobre
el incidente registrado en la Base Naval.
«Sigues atacándome personalmente en la
prensa, escondido detrás de su mujer»,
indicaba el mensaje fechado el 3 de
octubre.
Pablo Avazini también ha
aportado en su denuncia un tercer mensaje,
del pasado 28 de marzo, en el que Maldonado
elevaba el tono de sus insultos: «Veo que
sigues con tu particular empeño en
desprestigiarme. ¿No os da vergüenza a ti y
a la ... de tu mujer continuar con esta
parodia?».
El capitán de corbeta
presentó sendos partes ante sus superiores,
denunciando estos hechos, el 23 y el 26 del
pasado mes de marzo. Sin embargo, pocas
semanas después se le comunicó que debía
dirigir su denuncia al delegado de Defensa
en Baleares, cosa que hizo el pasado 23 de
abril.
Ahora, la subsecretaria de
Defensa, Victoria San José Villace, ha
contestado a su denuncia con un escrito en
el que sostiene que «no existe motivo
suficiente para que se proceda a la
iniciación de procedimiento disciplinario
alguno, y si lo fuere, habrían transcurrido
en este momento el plazo de prescripción de
seis meses para la sanción de las faltas
disciplinarias graves». De este modo, el
Ministerio de Defensa establece que los
insultos de Maldonado a un subordinado, no
son motivo de ninguna sanción.
La
secretaria de Defensa señala también que no
cabe recurso contra su resolución, por lo
que a Pablo Avanzini sólo le queda recurrir
a los Juzgados de lo Penal por la vía
ordinaria. Mientras tanto, el Tribunal
Militar Central número 2 debe resolver
todavía la denuncia que este capitán de
corbeta presentó contra el entonces
delegado del Invifas, Manuel Rivas por
presunto allanamiento de morada y amenazas,
a raíz del incidente registrado el 30 de
agosto. Tras aquellos hechos, Rivas cesó el
pasado 5 de junio como delegado del Invifas
en Baleares. La polémica ocurrida en la
Base Naval no fue la única en la que se
había visto envuelto. El pasado mes de
noviembre, Rivas fue denunciado en
Comisaría por presuntas amenazas y
coacciones al presidente de la Asociación
de Vecinos del Baluard del Príncep, Ginés
Ayala, y a una inquilina de estas
residencias militares.
Ayala ya
había dirigido con anterioridad un escrito
a la Delegación del Defensa en el que
denunciaba el «nefasto proceder» de Rivas,
así como por su «comportamiento negligente,
carente de la más elemental norma de
educación» con los residentes de las
viviendas militares y su actuación
«totalmente desafortunada, arbitraria e
indigna de un estamento militar».
