MARIONA CERDÓ
PALMA.- El Govern ha
desmantelado la Fundación contra la
Violencia de Género, un organismo que
durante la pasada legislatura recaudó al
menos 200.000 euros entre diversas empresas
privadas de las Islas con el objetivo de
financiar campañas en contra de los malos
tratos.
A falta de que la disolución
de la fundación sea oficial, lo cierto es
que las oficinas de este organismo ya se
han integrado en las dependencias del
Institut Balear de la Dona (IBD). De hecho,
la consellera de Bienestar Social, Fina
Santiago, ya advirtió en una entrevista
publicada en este periódico que su
intención era traspasar toda la actividad
de la fundación al Institut de la Dona,
dirigido por Lila Thomàs.
«Pensamos
que la competencia de evitar la violencia
doméstica no puede estar en manos de una
fundación mixta, debe ser competencia
directa la administración a través del
Institut de la Dona porque es algo que
atenta a la integridad física de las
personas», argumentó Santiago en estas
páginas.
La consellera considera que
un problema tan grave como el de los malos
tratos «no puede depender de donaciones
voluntarias de empresas y holdings» y que
la Administración no debe tener complejos a
la hora de endeudarse para dar solución a
este fenómeno al igual que lo hace para dar
respuesta a otras necesidades básicas de la
ciudadanía. «Buscar donaciones no debe ser
un objetivo del Govern», asegura.
Un
punto de vista muy distinto al que llevó al
Ejecutivo de Jaume Matas (PP) a crear la
Fundación contra la Violencia Doméstica en
2004. Según el criterio de los
populares, se debía aprovechar la
voluntad de algunas empresas privadas de
invertir en causas sociales, en este caso
en la prevención de la violencia doméstica
y la ayuda a sus víctimas. Y para hacerlo,
la única fórmula posible era precisamente
la creación de una fundación en el seno del
Govern.
En este sentido, cabe
especificar que cada vez más empresas
destinan fondos económicos a causas
sociales porque de esta manera consiguen
rebajas fiscales. De acuerdo con esta
tendencia, el anterior Govern consideró
oportuno recaudar donaciones de este tipo
para luego invertirlas en la prevención de
los malos tratos.
Pleno
rendimiento
Con este objetivo, la
Fundación contra la Violencia de Género vio
la luz a finales de 2004 aunque no empezó a
funcionar a pleno rendimiento hasta un año
después. El fondo económico inicial lo
aportaron el Govern, los tres consells
insulares y el Ayuntamiento de Palma y
ascendió a 240.000 euros.
Las
ofertas económicas de empresas privadas no
tardaron en aparecer. Primero fueron Sa
Nostra y el Grup Fer y meses más tarde
también quisieron participar en el proyecto
Gesa, Arabella Hoteles, Llabrés Feliu, Sol
Meliá y la Banca March.
Las
aportaciones fueron de 30.000 euros por
empresa -en el caso del Grup Fer
ascendieron a 24.000 euros más la
financiación de una campaña publicitaria de
concienciación en los medios de
comunicación- y sumaron en conjunto 204.000
euros. El papel de las empresas privadas
era el de socios adheridos, con lo que no
participaban en la toma de
decisiones.
Por su parte, las
instituciones públicas, quienes adquirieron
el papel de patrones de la fundación y sí
decidían en qué debía gastarse el dinero,
siguieron haciendo anualmente aportaciones
de 30.000 euros, con lo que la fundación
llegó a recaudar en su año y medio de
funcionamiento unos 600.000 euros.
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