ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La
finca de Can Domenge vale oficialmente 59
millones de euros. Es decir, el doble del
precio máximo que fijó Maria Antònia Munar
para desprenderse de ella desde el Consell
de Mallorca. Esta es la cifra estipulada
por el Colegio de Arquitectos de Baleares a
petición expresa del Juzgado de Instrucción
número 12 de Palma.
Los casi 10.000
millones de pesetas rematan el peritaje
judicial que servirá para que el magistrado
Álvaro Latorre determine si la actual
presidenta del Parlament; el resto de
consellers de Unió Mallorquina (UM) que
participaron en la operación de venta del
solar; y los miembros del PP que votaron a
favor de la misma, pudieron incurrir en la
comisión de delitos como los de
prevaricación, tráfico de influencias y
malversación.
El juez Latorre dictó
un auto el pasado 7 de marzo con objeto de
salir de dudas y determinar realmente cuál
es el valor real de los 52.000 metros
cuadrados que se extienden en pleno centro
de Palma entre la calle General Riera y el
Camí de Jesús. El instructor acordó que el
órgano adecuado para calcular con exactitud
el precio de la finca que perteneció hasta
el pasado año al Consell de Mallorca debía
ser el Colegio de Arquitectos de Baleares.
Una institución que participó como jurado
en el concurso, que conoce exhaustivamente
el proceso y que, de hecho, criticó
duramente las bases de la licitación al
conocer inicialmente el contenido de las
mismas.
Hasta el punto de que
amenazó en un principio a Munar con
llevarla a los tribunales si proseguía con
su decisión de vender el solar en las
condiciones que tenía previstas y mediante
las cuales otorgaba a los concursantes sólo
10 días hábiles para elaborar los
proyectos. Latorre designó de esta manera
como perito judicial a la institución que
dirige Luis Corral en una causa penal
abierta tras la interposición de una
querella criminal por parte de la promotora
Núñez y Navarro, que ofreció por el terreno
61 millones de euros y que, en medio de uno
de los mayores escándalos de corrupción de
la historia de Baleares, acabó siendo
eliminada de la licitación a pesar de ser
la candidata que, de largo, pujaba con más
dinero.
Los
tasadores
Finalmente el solar, en
el que se autorizó la construcción de 600
viviendas -de ellas ni una sola de
protección oficial- cayó en manos de la
promotora catalana Sacresa y de la
constructora mallorquina Ferrátur. El
precio que han desembolsado por Can
Domenge, el estipulado por Munar: 30
millones.
El Colegio de Arquitectos
optó, ante el encargo judicial, por no
aumirlo directamente como institución. Por
actuar de la manera más transparente y
neutral posible. Debido a la implicación
que había tenido en el proceso como parte
del tribunal decidió trasladar el encargo a
una terna de profesionales de reconocido
prestigio en el ámbito de las valoraciones.
Así, y con la intención de evitar
cualquier tipo de suspicacias, puso el
trabajo en manos de Josep Ferrer Llaneras,
Pere González Nebreda, y Pere Rius. El
primero es un conocido arquitecto ibicenco
que, en este caso, acompaña en este trabajo
a dos consumados especialistas en materia
de tasaciones.
De hecho, el segundo
de los profesionales escogidos es el
presidente de la Agrupación de Arquitectos
Expertos Periciales y Forenses de Cataluña.
González Nebreda es el número uno en España
en lo que a tasaciones inmobiliarias se
refiere y es además el autor de la biblia
de este campo: La Valoración
Inmobiliaria. Teoría y práctica,
que constituye el manual de referencia para
los profesionales del sector. Por su parte,
Pere Rius es su homónimo en Baleares y
preside la Agrupación de Arquitectos
Expertos Periciales y Forenses en las Islas
Baleares. Rius además ha ejercido durante
años como funcionario encargado de
tasaciones inmobiliarias en la Conselleria
de Hacienda de la Comunidad Autónoma. El
dictamen de estos tres profesionales
constituye la base sobre la que va a
gravitar la segunda de las grandes causas
judiciales protagonizadas por Munar.
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