EDUARDO COLOM
PALMA.- El delegado
del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, ha
tomado cartas en la polémica de las
banderas, originada después de que este
diario informara de que al menos 13
ayuntamientos de Mallorca no suelen colocar
ninguna bandera oficial en sus fachadas,
incumpliendo de esta forma la Ley 39/1981
que regula el uso de los símbolos del
Estado. Una normativa que, como refrendó el
pasado julio el Tribunal Supremo a raíz del
desacato del Gobierno Vasco, obliga a
mantener la enseña española ondeando «todos
los días» durante «todo el
tiempo».
Primero fue el presidente
del Gobierno quien intervino. José Luis
Rodríguez Zapatero habló ante el Senado
para quitar hierro a las críticas vertidas
desde la oposición por el extendido
incumplimiento de la ley en Cataluña, País
Vasco y Baleares (en Mallorca hay 53
municipios, un 24% la infringía). Pero
también para anunciar que su gobierno
velará «al máximo posible» por su
aplicación.
Así las cosas, Socías ha
tenido que actuar. Lo ha hecho con tibieza,
sin prisas y a través de dos vías. Por un
lado, el pasado 19 de septiembre ordenó
redactar una breve carta en la que informa
-no da ninguna orden expresa- a los
ayuntamientos de la existencia de la citada
ley. Una norma que, por otra parte, debería
ser conocida por alcaldes y secretarios
municipales. La misiva fue remitida por
correo convencional a la Federación de
Entidades Locales de Baleares, que ayer la
recibió para rebotarla a los
ayuntamientos.
En ella, Socías
simplemente informa de que la Ley 39/1981
fija que la bandera española debe ondear en
el exterior de los edificios de la
Administración. Sin embargo, no requiere
ninguna actuación de los alcaldes. Una
competencia que, según confirmaron ayer a
este diario fuentes especializadas en
derecho constitucional, recae sobre la
figura del delegado del Gobierno. El
artículo 10 de la ley ya especifica que
podrían pedirse responsabilidades a quienes
incumplan la Ley «tras ser requeridos para
su cumplimiento» por la «autoridad
gubernativa». En este caso, la Delegación
del Gobierno. El anterior delegado
gubernamental, Miquel Ramis (PP), sí exigió
en 2004 al Ayuntamiento de Petra que
cumpliera con la ley. Lo hizo por carta,
solicitándolo «cordialmente» pero «con
firmeza».
Además de la circular,
Socías llamó personalmente a alguno de los
alcaldes rebeldes la semana pasada.
Entre ellos, a su compañero de partido y
primer edil de Ses Salines, Sebastià
Burguera. Conversaron sobre la obligación
de exhibir la bandera. Pero tras colgar
Burguera no dio la orden porque considera
que, más allá de lo que diga la ley, la
«costumbre» en Ses Salines es que los
estandartes ondeen únicamente en fiestas.
«No tenemos ningún problema: la colgaremos
cuando encontremos el momento», manifestó a
consultas de este diario.
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