M. C. F. / M. J. C. / E. U.
PALMA.- El PP exigió ayer a Unió
Mallorquina que dé «explicaciones» tras
salir a la luz las conclusiones de la
Sindicatura de Cuentas sobre la política de
subvenciones que puso en marcha este
partido político cuando gobernaba el
Consell de Mallorca durante la legislatura
pasada. «Nadie puede ser inmune», aseguró
la presidenta popular, Rosa Estaràs,
durante una rueda de prensa.
«Si se
demuestra que las actividades no se adecuan
a la legalidad, se tienen que poner en
marcha los sistemas legales necesarios para
llegar al final y que nadie quede inmune»,
prosiguió Estaràs, que recordó que los
cargos de las instituciones públicas «deben
cumplir escrupulosamente la ley al igual
que todos los ciudadanos».
Por su
parte, el actual conseller de Hacienda e
Innovación del Consell, Antoni Alemany,
procedente de las filas del PSIB, eludió
ayer pronunciarse acerca del informe de la
Sindicatura de Cuentas del que se ha hecho
eco este periódico en los últimos días. «Es
una cuestión que no precisa de una opinión
porque se resuelve en los juzgados,
esperaremos a la resolución judicial»,
aseguró.
Además, el conseller no
quiso hacer un comentario sin tener un
«conocimiento directo del documento». «No
hemos tenido acceso a la información»,
destacó.
Sin embargo, el dictamen
deja poco margen para las dudas. Tal y como
ya publicó este periódico, la Sindicatura
de Cuentas ha remitido un demoledor informe
al Juzgado de Instrucción número uno de
Palma tras examinar a petición del juez las
subvenciones públicas otorgadas durante los
ejercicios de 2004 y 2005 por el Consell de
Mallorca que dirigía Maria Antònia Munar.
Este organismo ha centrado su
estudio, que viene a ser un peritaje
judicial en toda regla, en las
pseudoasociaciones vinculadas a Unió
Mallorquina (UM). Se ha encontrado con
cientos de miles de euros públicos sin
justificar y concluye que este dinero debe
ser devuelto al lugar del que procede: las
arcas públicas de la institución
insular.
«El exceso de financiación
para llevar a cabo los objetos
subvencionados exige que se reintegren las
cantidades percibidas en exceso», advierten
los síndicos que han intervenido en el
proceso judicial después de rastrear el
destino de los 1,2 millones de euros
públicos percibidos sólo por un quinteto de
entidades. Siempre las mismas.
El
reparto masivo de ayudas por parte de UM se
concentraba en el Centro Cultural de
Campos; la Asociación Agrícola y Ganadera
Fora Vila; la Asociación de Sociedades de
Cazadores de Mallorca; la Asociación para
la Conservación y Difusión del Patrimonio;
y la Asociación de Actividades
Socioculturales de Mallorca.
Todas
ellas están estrechamente relacionadas con
la formación política que comanda la actual
presidenta del Parlament. De hecho, los
nexos llegan a ser tan poderosos que
destacados miembros de la formación
regionalista integran la directiva de buena
parte de estas asociaciones montadas para
beneficiarse del Plan de Subvenciones del
Consell de Mallorca.
La Sindicatura
de Cuentas ha llevado a cabo su
investigación planteándose dos grandes
objetivos: «Constatar la utilidad pública y
social de las actividades realizadas
mediante la concesión de subvenciones»; y
«comprobar si la actividad subvencionadora
se ajusta a los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad».
Una vez
sometidas las ayudas del Consell a esta
serie de comprobaciones y «de acuerdo con
la legislación aplicable», los síndicos
acusan al equipo de gobierno de Munar de
haber incurrido en al menos 4 grandes tipos
de irregularidades a lo largo del proceso
de adjudicación de dinero público a estas
pseudoasociaciones.
En todas
las tramitaciones en las que intervienen
estas entidades aparecen, siempre según las
pesquisas de la Sindicatura de Cuentas,
«deficiencias en las bases, en la
resolución y en el convenio regulador».
Pero, además, «la inexistencia de acuerdos
o informes preceptivos»; «deficiencias en
el procedimiento de concesión»; «en la
forma de justificación»; así como «en los
principios de publicidad y
concurrencia».
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