ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La
Asociación para la Conservación y Difusión
del Patrimonio (Acidep) percibió un total
de 240.000 euros públicos durante sus dos
primeros años de vida: entre 2004 y 2005.
Lo hizo bajo el pretexto de realizar «rutas
culturales», «cursos y talleres» así como
para que «salvaguardase y controlase el
patrimonio arqueológico».
La
Sindicatura de Cuentas ha concluido en su
informe que a día de hoy esta
pseudoasociación no ha acreditado que se
haya gastado este dinero en el objeto para
el que le fue concedido. Asimismo insta al
titular del Juzgado de Instrucción número
uno de Palma a que promueva su inmediato
«reintegro» a las arcas públicas del
Consell de Mallorca que preside ahora la
socialista Francina Armengol.
Esta
entidad fue montada, entre otros, por el
actual número 7 de Unió Mallorquina (UM) en
Cort, Joan Carles Chavarría, y por uno de
los asesores económicos uemitas
recientemente contratados por el
Ayuntamiento de Palma, Bartomeu Ferragut.
Este último integró también las lista
electoral de la formación regionalista en
el Consistorio palmesano durante los
comicios de 2003 ocupando el puesto 18.
Ambos han desempeñado el cargo de vocales
de la entidad.
Entre los fundadores
se encontraban también la presidenta,
Agatha Costa Dekker; la secretaria, Antònia
Barceló Garcías; la tesoreera María Luisa
Hidalgo Verger; y los vocales Tomás Vibot
Railakavi; Juan Diego Hidalgo y Juan Seguí
Flaquer.
Acidep cobró 120.000 euros
en 2004 y otro tanto un año después.
La Sindicatura de Cuentas subraya
que «la revisión de la justificación
presentada por el beneficiario poner de
manifiesto que no se justifica el destino
aplicado a los ingresos obtenidos por
participar en las rutas o cursos objeto de
subvención». Y añade: «El exceso de
financiación para llevar a cabo el objeto
subvencionado exige que se reintegren las
cantidades percibidas en exceso». En este
caso, y mientras no se acredite el fin del
dinero, 240.000 euros
públicos.
Proceso
«injustificado»
La adjudicación
de esta partida no sólo fue a dedo,
como ocurre con el resto de ayudas
dispuestas por el Consell de Munar a
entidades vinculadas a UM sino que se
realizaron hasta 4 modificaciones
presupuestarias. Primero un «crédito
extraordinario» y, acto seguido, un
«suplemento de crédito».
Los
síndicos consideran que en este caso «no
están justificados los requisitos que
permiten tramitar un crédito extraordinario
o un suplemento de crédito». «Es decir»,
añade el informe, «que deba realizarse un
gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista en el
presupuesto crédito o sea insuficiente o no
ampliable el consignado».
