ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La
Sindicatura de Cuentas ha remitido un
demoledor informe al Juzgado de Instrucción
número uno de Palma tras examinar a
petición del juez las subvenciones públicas
otorgadas durante los ejercicios de 2004 y
2005 por el Consell de Mallorca que dirigía
Maria Antònia Munar. Este organismo ha
centrado su estudio, que viene a ser un
peritaje judicial en toda regla, en las
pseudoasociaciones vinculadas a Unió
Mallorquina (UM). Se ha encontrado con
cientos de miles de euros públicos sin
justificar y concluye que este dinero debe
ser devuelto al lugar del que procede: las
arcas públicas de la institución
insular.
«El exceso de financiación
para llevar a cabo los objetos
subvencionados exige que se reintegren las
cantidades percibidas en exceso», advierten
los síndicos que han intervenido en el
proceso judicial después de rastrear el
destino de los 1,2 millones de euros
públicos percibidos sólo por un quinteto de
entidades. Siempre las mismas.
El
reparto masivo de ayudas por parte de UM se
concentraba en el Centro Cultural de
Campos; la Asociación Agrícola y Ganadera
Fora Vila; la Asociación de Sociedades de
Cazadores de Mallorca; la Asociación para
la Conservación y Difusión del Patrimonio;
y la Asociación de Actividades
Socioculturales de Mallorca.
Todas
ellas están estrechamente relacionadas con
la formación política que comanda la actual
presidenta del Parlament. De hecho, los
nexos llegan a ser tan poderosos que
destacados miembros de la formación
regionalista integran la directiva de buena
parte de estas asociaciones montadas para
beneficiarse del Plan de Subvenciones del
Consell de Mallorca.
La Sindicatura
de Cuentas ha llevado a cabo su
investigación planteándose dos grandes
objetivos: «Constatar la utilidad pública y
social de las actividades realizadas
mediante la concesión de subvenciones»; y
«comprobar si la actividad subvencionadora
se ajusta a los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad».
Una vez
sometidas las ayudas del Consell a esta
serie de comprobaciones y «de acuerdo con
la legislación aplicable», los síndicos
acusan al equipo de gobierno de Munar de
haber incurrido en al menos 4 grandes tipos
de irregularidades a lo largo del proceso
de adjudicación de dinero público a estas
pseudoasociaciones.
En todas las
tramitaciones en las que intervienen estas
entidades aparecen, siempre según las
pesquisas de la Sindicatura de Cuentas,
«deficiencias en las bases, en la
resolución y en el convenio regulador».
Pero, además, «la inexistencia de acuerdos
o informes preceptivos»; «deficiencias en
el procedimiento de concesión»; «en la
forma de justificación»; así como «en los
principios de publicidad y
concurrencia».
La
«excepcionalidad»
Tras realizar
una primera aproximación, el organismo al
que encargó el juez Juan Manuel Sobrino la
investigación destaca en su dictamen que lo
que más les ha llamado la atención es que
aparece «un elevado número de subvenciones
nominativas». Lo que coloquialmente se
conoce como ayudas otorgadas a dedo.
Es decir, aquéllas que se conceden sin que
exista la posibilidad, concurso público
mediante, de que otras asociaciones o
empresas concurran a la multimillonaria
subvención pública en cuestión.
El
Consell de Munar eligió a las entidades
beneficiarias y les adjudicó el dinero sin
que se convocara algún tipo de licitación.
«La asignación de este tipo de
subvenciones... supone una excepción a los
principios generales de publicidad y
concurrencia», precisa el informe que obra
ya en manos del juez instructor y de la
Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Y
recuerda que esta excepcionalidad la exige
tanto «el artículo 7 de la Ley 5/2002 como
el artículo 3 del Reglalmento de
Subvenciones del Consell de Mallorca». «Por
lo cual», agrega en referencia a estas
disposiciones, «dicha asignación se ha de
realizar de forma restrictiva».
Una
vez convertida en norma la excepción se
advierten a ojos de los técnicos un sinfín
de irregularidades de todo tipo. Aparecen
«facturas que constan en los expedientes
pero que no ascienden al total del proyecto
presentado cuando la justificación ha de
ser la totalidad de este y no únicamente el
de la subvención concedida».
Tampoco
queda constancia alguna de que se haya
cumplido con la obligación de que las
actividades sufragadas con fondos públicos
del Consell de Mallorca reflejasen de
manera gráfica y perfectamente visible la
entidad patrocinadora de las mismas. «No se
hace constar el patrocinio», repiten una y
otra vez los técnicos.
Otras de las
irregularidades más comunes entre las
sociedades beneficiarias de la ya conocida
popularmente como La Piñata de Munar
radica en las características de las
propuestas presentadas ante el Consell de
Mallorca para obtener las ayudas con cargo
al erario público.
«El proyecto
presentado por el beneficiario describe
actividades genéricas y no asume
compromisos concretos y mesurables»,
recalca reiterativamente el estudio de la
Sindicatura de Cuentas al examinar
subvención tras subvención.
Algo
similar ocurre en numerosas ocasiones con
los «proyectos orientativos» que se
adjuntan a los principales. «Adolecen de
los mismos defectos», apuntan los síndicos
aludiendo a los mismos. Esto es, «falta de
detalle y concreción». Al moverse en
generalidades y no entrar en detalles,
estas pseudoasociaciones pretendían tener
más fácil la justificación posterior del
uso dado al dinero público
concedido.
Pero es que la picaresca
de los receptores se trasladaba también a
la Administración que otorgaba las
subvenciones. Y si se movían en
generalidades las asociaciones, también lo
hacía el mismísimo Consell.
«En la
resolución de las concesiones no se
contempla... la descripción de cómo se han
de llevar a cabo las actividades a
desarrollar y si las actividades del
beneficiario deben sujetarse al proyecto
presentado a la vista del carácter genérico
del mismo», indica el exhaustivo peritaje
judicial. «La satisfacción del interés
público exige que la resolución de las
concesiones describa con el mayor detalle
posible la finalidad para la que se
entregan los fondos y las obligaciones
concretas que asume el beneficiario». El
resultado estas irregularidades y
complicidades encadenadas entre la
Administración y un grupo de particulares
ha sido el desvío masivo de fondos públicos
al entorno de UM.
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