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Jueves, 20 de septiembre de 2007 Actualizado a las 00:45
 

La ex alcaldesa de Calvià se apropió del terreno para que su urbanización tuviera zonas verdes


Los 8.000 metros cuadrados que Margarita Nájera expropió de forma ilegal a la familia Nigorra para crear un parque público no están ubicados en las saturadas calles de Magaluf o en la primera línea de la turística Santa Ponça. Ni mucho menos. Están en la urbanización Galatzó, o lo que es lo mismo: en el barrio donde ha residido durante décadas la dirigente socialista y donde su partido, el PSOE, ha tenido históricamente uno de sus principales caladeros de votos del municipio.

La barriada, popularmente conocida como la Pantera Rosa por el color de sus bloques de apartamentos en forma de colmena, fue urbanizada en la década de los 70. En un municipio con una importante herencia socialista, fue urbanizada por la cooperativa Pablo Iglesias y, como reza la propia página web del Ayuntamiento, cuenta con amplias zonas verdes alrededor. Allí tenían su propio apartamento Margarita Nájera y su ex marido Manuel Barajas. Y allí se produjo la expropiación que ahora la Audiencia Provincial ha considerado fuera de ordenamiento jurídico.

Nájera tenía planes para ese solar: crear un paseo y una zona verde con bancos. Una zona de esparcimiento para sus vecinos y para ella misma. El barrio está ubicado entre Santa Ponça y Calvià vila, en la carretera sobre la que se asiente el polígono de Son Bugadelles. Actualmente cuenta con 1.597 habitantes censados.

La franja de terreno expropiado tenía 22 metros de ancho y 290 de largo. Iba a completar la dotación de infraestructura pública de un barrio que ya cuenta entre otras cosas con un importante pabellón deportivo.

La propiedad de la parcela demandó al Ayuntamiento. Y tasó el solar en 256.060 euros. O lo que es lo mismo, casi 43 millones de pesetas. Así constaba en la querella original presentada por la promotora Habitat Golf Santa Ponça. Un precio que resulta de multiplicar los 8.402 metros que se consideran ilegítimamente ocupados por un precio medio de 30 euros por metro cuadrado. Una estimación a la baja según los promotores.

El propio Ayuntamiento intentó eludir las sentencias desfavorables durante el gobierno posterior de Carlos Delgado a través de un recurso y de un retoque en el Plan General. Fórmulas que la Audiencia ha desestimado de plano en su sentencia más reciente.

 
   
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