La Sección Cuarta de la Audiencia de
Palma concluye que la defensa del
Ayuntamiento de Calvià se ha caracterizado
durante todo el proceso judicial por haber
estado «huérfana de toda prueba». El
Consistorio arguyó, primero con la ex
alcaldesa socialista Margarita Nájera al
frente y posteriormente bajo mandato de
Carlos Delgado, que la culpa de la
ocupación ilegal de la zona no era de la
Administración sino de los propios vecinos
de la zona.
El tribunal destaca en su
sentencia que el argumento esgrimido por el
Ayuntamiento de Calvià se basaba en que
«había sido la población en general quien
comenzó a utilizar la franja de terreno
como zona de esparcimiento y
recreo».
«Aun cuando ello hubiera
ocurrido realmente así», precisa la
Audiencia, «lo cierto es que el
Ayuntamiento demandado procedió igualmente
a su ocupación por las vías de hecho tal y
como resulta claramente del cartel colocado
donde expresamente consta Zona verde
municipal, prohibido tirar basuras y
escombros».
Apunta
también la sentencia que «se aprecia
igualmente la existencia de señales de
tráfico y bancos que difícilmente pudieron
ser puestos en el terreno por los vecinos
del lugar». La opción de culpabilizar a los
vecinos la asumió inicialmente el
Ayuntamiento de Nájera y,
sorprendentemente, la hizo también suya el
PP. De hecho Carlos Delgado ya advirtió
públicamente que tanto en este caso como en
otros en los que el Consistorio dirigido
por la socialista había sido denunciado por
presuntas irregularidades, mantendría la
defensa «por el bien del Ayuntamiento».