M.A. RUIZ
PALMA.- El Govern
del Pacte sostiene que el factor económico
no será determinante para decidir la
ubicación del nuevo hospital, ya que según
los cálculos de la Conselleria de Hacienda
en caso de abortar el proyecto de Son
Espases la concesionaria liderada por
Dragados y FCC sólo tendría derecho a
reclamar una indemnización no superior a
los 16,7 millones de euros.
Un coste
asumible, según el Govern, si permite
desactivar la rebelión ciudadana contra el
proyecto, encabezada por los frailes de La
Real y la plataforma Salvem La Real, que
comienza a volverse en contra del PSOE. En
su lugar, el Ejecutivo de Antich ha optado
por dar prioridad a otro criterio, la
necesidad de contar cuanto antes con un
hospital de calidad, lo que inclina la
balanza a favor de la opción de Son
Espases: el nuevo centro de referencia
podría estar concluido en 2011, antes de
las propias elecciones autonómicas, lo que
permitiría a Antich inaugurarlo en plena
precampaña.
Sin embargo, las cuentas
del conseller Carles Manera no cuadran con
las de la empresa concesionaria. La unión
temporal de empresas formada por Dragados y
FCC ha elaborado su propio estudio
económico según el cual podría reclamar a
la Comunidad autónoma una indemnización de
80 millones de euros (en torno a los 13.300
millones de pesetas) si se aborta
definitivamente el proyecto de Son Espases:
es decir, casi cinco veces más de lo
estimado por el Govern.
Como ha
explicado EL MUNDO/El Día de Baleares, esta
cifra surge de sumar tres factores: el 6%
del presupuesto total de la obra, los
costes que la contratista haya podido
asumir hasta ahora en la ejecución del
proyecto (las obras se iniciaron el pasado
mes de febrero y deberían estar concluidas
en 2010) y, en tercer lugar, el llamado
coste de rescisión, que se calcula en
función de los beneficios que, en su
estudio económico financiero, preveía
obtener el grupo adjudicatario durante los
30 años de concesión.
Ante los
tribunales
La contratista elaboró
este estudio después de que el president
Francesc antich decretara la paralización
de la obra durante un período de dos meses
(que concluiría el próximo día 5) para
decidir el futuro del proyecto.
Lo
cierto es que el informe elaborado por la
Comisión Interdepartamental que preside el
conseller Albert Moragues da por hecho que,
en caso de anular el concurso de Son
Espases, no podría alcanzar un acuerdo
amistoso con la contratista en torno a las
indemnizaciones y esta cuestión quedaría en
manos de los tribunales.
Al respecto,
Moragues insistió ayer, en declaraciones a
este diario, en que «los costes de
indemnización no serán determinantes» a la
hora de decidir si se sigue adelante con
las obras de Son Espases, se retoma el
proyecto inicial de construir un nuevo
centro sobre el mismo solar de Son Dureta o
se opta por una tercera ubicación
alternativa.
Si se aborta el hospital
de Son Espases, indicó Moragues, la
indemnización sería de sólo 16,7 millones
de euros. «Efectivamente», señaló, «es un
coste, pero a lo mejor hay gente que está
dispuesta a que se pague esa cantidad para
que se acabe la confrontación social que ha
generado este proyecto [de Son Espases]. Si
esto costara 200 millones, sería una
irresponsabilidad».
En cuanto a la
indemnización que puede reclamar
Dragados-FCC por mantener paralizadas las
obras durante dos meses, el conseller de
Presidencia consideró que será, en
cualquier caso, poco relevante.
Por
otro lado, Moragues confirmó que en la
Ejecutiva del PSIB-PSOE celebrada el pasado
martes se puso sobre la mesa, por primera
vez, la posibilidad de construir el
hospital junto al hipódromo de Son Pardo.
El conseller de Presidencia asumió que esta
fórmula implicaría un proceso de
recalificación de terrenos, expropiación
(de la parte que no pertenece al Consell de
Mallorca) y un nuevo concurso, que
implicaría nuevas demoras para iniciar las
obras.
Pese a ello, Moragues
consideró que esta tercera vía permitiría
evitar la «confrontación social que ha
generado un proyecto, el de Son Espases,
que ha estado mal pesando. Sanitariamente,
este proyecto no tiene ningún problema.
Pero sí lo provoca por las dudas que
existen sobre la manera en que se hicieron
las concesiones y porque puede dañar los
valores patrimoniales, medioambientales y
paisajísticos de la zona».
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