ISRAEL RODRÍGUEZ
EIVISSA.- La plataforma contra el deslinde de Sant Joan ha retomado su actividad nueve años después para oponerse al proyecto de delimitación del espacio costero del municipio que ha dispuesto el Ministerio de Medio Ambiente. El coordinador de la plataforma, Tomás Suárez, calificó ayer, en declaraciones a este periódico, la delimitación del espacio de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa del municipio como «una expropiación pura y dura».
Suárez denunció que el proyecto actual «no contemple» emplazamientos como el puerto de Sant Miquel, Cala Sant Vicent o Portinatx como «núcleos urbanos consolidados».
Al no hacerlo, delimita el espacio de dominio público de la costa en «100 metros y no en 20, como debería ser», lamentó el coordinador, quien subrayó que Medio Ambiente «no debe apropiarse de más terreno del que le pertenece».
El deslinde afecta a 48 kilómetros de costa del municipio de Labritja y a unos «800 vecinos» -según Suárez-, repartidos en siete zonas afectadas y representados en la plataforma por siete miembros. El portavoz de la plataforma criticó a su vez que «unos 250 de los 1.200 hitos [señales o postes de piedra que sirven para delimitar terrenos] están mal situados». Por estas razones, Suárez afirmó que presentarán «alegaciones» al proyecto, para lo que dispone de un plazo de 15 días. «Con este deslinde la administración «incumple la ley y el reglamento de costas», aseguró.
De no atender la Dirección General de Costas -organismo dependiente de Medio Ambiente- sus alegaciones, Suárez asegura que acudirán a la vía judicial. Quiso dejar claro, sin embargo, que su agrupación quiere «que se lleve a cabo el deslinde». «Ha de hacerse cumpliendo con el reglamento», puntualizó.
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