Resulta vergonzoso -y mucho más para los alcaldes del PP- que cuando regidores como Regina Otaola se juegan la vida en el País Vasco por izar la bandera nacional para simbolizar la presencia del Estado y del orden constitucional que ampara el ejercicio de las libertades y derechos a los ciudadanos de estos municipios vascos frente al acoso de los proetarras, nada menos que 13 ayuntamientos de Mallorca se excusen en la desgana y en la ignorancia para mostrar la desafección que les merecen los símbolos del Estado en todas sus proyecciones. Abochorna que ante testimonios como Otaola estos trece alcaldes muestren semejante laxitud a la hora de cumplir las leyes, por todo lo que representa y da a entender. Defender los símbolos constitucionales es una obligación de cualquier representante público. Es un drama que en España los políticos hayan dejado de lado su función ejemplarizante y pedagógica ante los ciudadanos. No se trata de generar ninguna alarma social pero lo cierto es que últimamente se han prodigado en Mallorca lamentables incidentes como quemas y desapariciones no casuales de la bandera nacional. Hay que exigir a los alcaldes y subsidiariamente al Delegado del Gobierno que vigilen el estricto cumplimiento de la ley tal como exige tanto la ley de banderas como varios pronunciamientos judiciales que señalan la obligatoriedad de que todas las enseñas constitucionales ondeen en todas las instituciones oficiales.