MARTA CUNILL
MAÓ/MAHÓN.- La
Fiscalía Anticorrupción deberá decidir si,
como sospecha el PP, la actuación del
ayuntamiento de Sant Lluís en el caso de la
piscina ilegal del Binibeca Club es
constitutiva de infracción penal por
prevaricación, tráfico de influencias,
obstrucción a la justicia y desobediencia a
resoluciones judiciales. Los
populares han remitido al fiscal
jefe de Baleares toda la documentación
referida al caso.
Asimismo, han
informado al juzgado contencioso
administrativo número 1 de Palma que el
ayuntamiento no ha ejecutado la sentencia
dictada por el juzgado que ordenaba la
demolición de la piscina para restituir el
paisaje original. El PP asegura que la
piscina no se ha demolido sino que ha sido
rellenada y se ha colocado encima cierta
vegetación. A su juicio, se trata de una
«grotesca burla» de la sentencia.
En
su escrito remitido al Tribunal Superior de
Justicia (TSJB) y a la Fiscalía
Anticorrupción, la portavoz del PP en Sant
Lluís, Maruja Baíllo, explica que el
ayuntamiento remitió al Tribunal sendos
escritos (uno el 17 de abril y otro el 31
de mayo) en el que se daba cuenta al
juzgado de que se había cumplido la
sentencia. Para Baíllo, la actuación del
equipo de gobierno es una «forma descarada
de ganar tiempo, de demorar la ejecución de
la sentencia al borde mismo de la
legalidad».
El PP informó ayer en un
comunicado que, en un primer momento, tenía
la intencion de presentar denuncia «con el
cúmulo de anomalías cometidas por el
ayuntamiento». Sin embargo, los servicios
jurídicos del partido les han recomendado
mandar escritos a la Fiscalía al no ser
parte implicada y no tratarse de una
sentencia por lo penal.
Los hechos
se remontan al 14 de diciembre de 2000
cuando el alcalde, Llorenç Carretero, pactó
la permuta de una zona verde pública
situada a primera línea de mar por una
parcela susceptible de edificación situada
en séptima línea, propiedad de Binibeca
Club Hotel SA. Para que el convenio tuviera
validez se modificaron las normas
subsidiarias del municipio.
Entre
tanto se tramitaba la modificación, el
ayuntamiento otorgó licencia de obras para
que la sociedad pudiera construir un
edificio comercial y construir una piscina
dentro de la zona verde pública. El PSM, en
la oposición entonces, denunció la supuesta
ilegalidad de las construcciones. El
Consell advirtió al ayuntamiento de la
infracción y le ordenó que anulara la
licencia.
Tras varios contenciosos,
el Tribunal emitió en junio de este año una
sentencia que obligaba al ayuntamiento a
demoler y restituir la zona en la que se
había construido la piscina.
