PALMA.- Los dos radares del Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE),
que operan en las Islas desde principios de
verano, parece que están logrando su
objetivo, y es que la mayor vigilancia de
las costas ha tenido un «gran efecto
disuasorio» para las mafias que se dedican
a la inmigración ilegal y el narcotráfico.
Desde su instalación a principios
del verano las fuerzas de seguridad han
acusado un descenso importante en la
llegada de embarcaciones que transportan
personas desde el Norte de África o grandes
cantidades de droga.
Fuentes de la
Delegación de Gobierno han explicado que el
SIVE permite detectar en «tiempo real» las
embarcaciones sospechosas que se aproximan
al territorio nacional, facilitando su
posición y rumbo a un Centro de Control que
activa «rápidamente» los medios necesarios
para interceptarlas, ya sea en el mar o a
su llegada a puerto, y verificar su
carga.
El SIVE es una estación móvil,
integrada por un vehículo dotado con un
radar de vigilancia costera, sensores de
visión nocturna y diurna y equipos de
transmisión de datos. Este sofisticado
dispositivo permite interceptar
embarcaciones de un mínimo de diez metros
de eslora a una distancia de 30 millas
náuticas, e incluso visualizar cuántas
personas se encuentran a
bordo.
Mallorca cuenta desde el
pasado junio con este sistema en dos
unidades operadas por agentes
especializados de la Guardia Civil, que
vigilan la costa Sur de la isla. De hecho,
el Gobierno concibe este dispositivo como
una herramienta clave para proteger el área
Mediterránea de la Unión Europea.
Según confirmaron a Europa
Press las citadas fuentes, en los
últimos tres meses se ha detenido la
incipiente llegada de pateras a Baleares y
se ha incrementado el volumen de
intercepciones de yates cargados con fardos
de droga, en algunas ocasiones con grandes
cantidades de estas sustancias.
Cabe
recordar que, a principios del pasado mes
de julio, el Consejo de Ministros aprobó
extender el SIVE a Ibiza y otros puntos de
la costa mediterránea, como Murcia,
Alicante y Valencia para aumentar el
control de la inmigración ilegal y combatir
el narcotráfico.
Para ello, el
Gobierno destinó una inversión de más de 23
millones de euros distribuida entre las
distintas regiones, de la que a Baleares le
corresponden 1,8 millones de euros
divididos en dos años, a razón de 350.000
euros en el presente ejercicio, y 1,45
millones de euros en 2008.
